(Caracas, Defiende Venezuela). La crisis venezolana contempla diversos frentes para la lucha por la libertad y los derechos fundamentales, una lucha que se gesta desde la sociedad civil en el ejercicio de los derechos civiles y políticos pero que cada año se hace más difícil debido al cierre del espacio cívico. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, define el espacio cívico como “el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades”. En sí mismo, constituye la arena política, social y económica, que permite e compartir experiencias, disensos y conocimientos acerca de la formulación e implementación de políticas que afectan la vida de las personas.
La persecución a la disidencia política, las restricciones a la libertad de expresión y el asfixiamiento al trabajo de la sociedad civil en el último año han provocado que el espacio cívico en Venezuela haya pasado de ser “represivo” a “cerrado”, siendo la primera vez que el país entra en la categoría de países peores calificados en el ejercicio de la democracia por la organización internacional CIVICUS (World Allianceo for Citizen Participation).
Solo un espacio cívico abierto y pluralista permite que el desarrollo, la paz y la democracia sean sostenibles, lo contrario, propicia un entorno de abusos a los derechos humanos, que, en el caso venezolano, se ha convertido en un sufrimiento humanitario que ha provocado la salida del país de casi 8 millones de personas migrantes y refugiadas que han huido de la crisis política, social y económica sostenida que atraviesa Venezuela desde hace seis años.
En el primer semestre de 2023, fueron documentados al menos 61 actos de persecución y criminalización ejercidos contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política y contra la población, mayoritariamente contra trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas, quienes representan el 70% de la totalidad de los casos registrados por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Estas agresiones se materializan en forma de persecución judicial, imposición de medidas cautelares, hostigamientos y amenazas, cierres de emisoras de radio, impedimentos para informar de un hecho noticioso, detenciones arbitrarias e inhabilitaciones políticas.
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