(Caracas, Laboratorio de paz). Luego que la Unión Europea (UE) divulgara que existían “condiciones democráticas mínimas” para enviar observadores electorales a Venezuela, la máxima autoridad en la materia revocó la invitación que garantiza la posibilidad que una Misión de Observación Electoral de UE (MOE-UE) pueda presenciar los comicios en el país. La presencia de la MOE-UE, es fundamental para certificar la legitimidad en el proceso electoral, en un país con espacio cívico cerrado donde persisten graves vulneraciones a los derechos humanos, persecución por razones políticas, desinformación y una emergencia humanitaria compleja, que han erosionado la confianza en las instituciones públicas.
La MOE-UE, garantizaría criterios independientes, expertos y con respeto a la soberanía para observar el desarrollo amplio del proceso electoral. Focalizando, además de los aspectos técnicos, en la garantía de estándares de derechos humanos fundamentales conexos en el ejercicio del voto: derechos asociativos y de reunión, libertad de expresión, inclusión de comunidades vulnerables, participación política, con respeto a las libertades democráticas. La revocación de su participación ignora los términos de los Acuerdos de Barbados y coloca en riesgo la legitimidad de las elecciones del 28 de julio, afectando los compromisos para generar un clima y acciones que garanticen elecciones competitivas donde los resultados sean el reflejo de la expresión popular.
Es preciso recordar que el punto 4 del “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, conocido como el Acuerdo de Barbados, se establece: “Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter, a los fines de observar el proceso electoral presidencial”.
La MOE-UE a diferencia de otros acompañamientos electorales tiene la potestad de hacer pública sus observaciones al igual que su informe de seguimiento del proceso. En los comicios pasados, dicho informe y sus recomendaciones fueron claves para que el mundo y el país conociera de manera objetiva y rigurosa las falencias y las obligaciones de las que aún carecen los procesos electorales en el país. La no presencia de observación MOE-UE, deja sin esta herramienta fundamental de certificación de legitimidad en el proceso electoral más importante de los últimos 24 años del país.
La presencia de los otros organismos con experticia y capacidad técnica para realizar observación electoral aún no está garantizada, pues aún evalúan una eventual participación en los comicios. Siendo el panel de expertos de Naciones Unidas importante en materia de seguimiento del proceso electoral, pero con la limitación de no hacer públicos sus resultados.
El 5 de abril el CNE informó que invitaría a “67 organismos electorales de todo el mundo”. El ente electoral ha informado que ha suscrito “acuerdos de observación” con entes como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir). Estos entes están capacitados para realizar labores de “acompañamiento” y no de “observación”, y han reconocido su afinidad ideológica con las autoridades. Por otra parte, tanto Brasil como Colombia han declinado la invitación para la realización de estas labores y posiblemente se limite a un comité de expertos.
No contar con órganos de observación que puedan hacer de manera pública sus informes y expresar en forma clara la certificación de un proceso electoral legítimo, creíble, independiente, y que refleja la voluntad de la ciudadanía es contrario al clima que fomente la competitividad, la participación y la paz en el país previo, durante y posterior al proceso electoral.
El 23 de mayo de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 01/2024, en la que reconoce a las personas observadoras electorales, nacionales e internacionales, como defensoras de derechos humanos. En esta resolución el máximo organismo regional en DDHH instaba a los Estados a abstenerse de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en la labor que realizan las personas observadoras y los exhortaba a garantizar las condiciones propicias para la observación independiente e imparcial de las elecciones. Específicamente, los Estados debían garantizar la seguridad, el libre tránsito y la libertad de expresión de las personas observadoras y, por consiguiente, vigilar que no se tomen en su contra ningún tipo de represalias por sus declaraciones y hallazgos.
El impedimento a la observación electoral técnica e independiente suma un elemento adicional a las irregularidades presentes en el contexto previo a los sufragios. Además de las inhabilitaciones políticas y los vicios en las jornadas de registro electoral, tanto dentro como fuera del país, se suma que en lo que va de 2014 por lo menos 32 personas han sido objeto de detenciones arbitrarias por razones políticas y 10 han sido privadas de libertad por ejercer su libertad de expresión, 47 medios de comunicación han sido bloqueados por los proveedores de servicios de internet, 13 estaciones de radio han sido cerradas por Conatel y han ocurrido 11 casos de sanciones administrativas por suministrar bienes y servicios a la campaña del candidato Edmundo González. Sobre este tipo de restricciones la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de Libertad de Asociación y Reunión ha determinado que “Un proceso electoral en que se erigen barreras de forma generalizada y sistemática que obstaculizan el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación no puede decirse que sea libre ni justo y por lo tanto no puede considerarse que el resultado de ese proceso producto de la celebración de elecciones “genuinas”, como lo exige el derecho internacional”.
La ausencia de Misiones de Observación Internacional, con protocolos científicos e independientes de trabajo, viola el Acuerdo de Barbados y pone en posible riesgo la legitimidad de los comicios del 28J. Por tanto pedimos a la comunidad internacional, a los diferentes gobiernos que han expresado su interés en la realización de una jornada cívica y con garantías democráticas, especialmente los países de la región, como Brasil y Colombia, que hagan todas las gestiones diplomáticas necesarias para aumentar la confiabilidad en el proceso electoral mediante la presencia en el país de observadores internacionales que puedan verificar, bajo estándares en la materia, la evolución de la situación antes, durante y después de las elecciones.
Fuente Oficial: Laboratorio de Paz
