(Coalición por la Corte Penal Internacional). El 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) dictó su sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I del 27 de junio de 2023 autorizando al Fiscal de la CPI a reanudar su investigación en Venezuela I. La Sala de Apelaciones confirmó por unanimidad la “decisión de autorizar la reanudación de la investigación” del 27 de junio de 2023 de la Sala de Cuestiones Preliminares I y rechazó los seis motivos de recurso interpuesto por Venezuela. La Fiscalía puede continuar así con su investigación en la situación de Venezuela I.
Un resumen de la sentencia fue entregado por el Magistrado Marc Perrin de Brichambaut, durante una audiencia pública en la sede de la Corte en La Haya (Países Bajos), en presencia de la Fiscalía, los Representantes de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV), y también fue transmitido por internet (en inglés, francés y español).
REACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL #VocesONG:
Lea a continuación las reacciones de la sociedad civil sobre la reanudación de la investigación de la CPI sobre la situación de Venezuela I, #VocesONG:
En una declaración en video analizando la decisión, Alí Daniels, co-director de Accesso a la Justicia afirmó que: “Es un día que las víctimas deben celebrar porque es un día de justicia. En un proceso tan complicado como el de la justicia internacional, el hecho de que hoy se haya confirmado lo que las víctimas han estado diciendo durante años es una gran victoria para ellas. El hecho de que se haya escuchado a las víctimas y se hayan reconocido sus derechos no puede pasarse por alto en la celebración.”
“La decisión es sin lugar a dudas otra victoria en el camino hacia la justicia, la verdad, la sanación y la reconciliación en Venezuela. Para las víctimas y la sociedad venezolana contar con un proceso objetivo y transparente es una experiencia que refuerza los deseos de superar la crisis y el conflicto a través de vías democráticas e institucionales,” dijo Centro de Justicia y Verdad (CEPAZ). “Ahora esperamos de la Fiscalía de la Corte que avance en la determinación de responsabilidades y la presentación de casos en aras a demostrar que el Estado no tiene voluntad y capacidad de investigar y reparar los crímenes de lesa humanidad cometidos.”
El Comité de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad dio la bienvenida a la decisión “como una victoria significativa en la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos en el país desde 2014” y señaló que “en este año, la labor de monitoreo, documentación y acompañamiento a las víctimas por parte de la sociedad civil continuará siendo un aspecto esencial en la búsqueda de justicia.”
Defiende Venezuela, Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad y Un Mundo Sin Mordaza destacaron que “este avance también refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos en todo el mundo. En este sentido, debe ratificarse nuestro llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando los esfuerzos destinados a la promoción de justicia y la rendición de cuentas.”
“Hay aún mucho camino por recorrer, pero en definitiva esta decisión de la sala de apelaciones es una muy buena noticia para las víctimas en Venezuela”, reflexionó Alfredo Romero Mendoza, Director Ejecutivo de Foro Penal, sobre los próximos pasos tras la sentencia.
“La decisión por unanimidad de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que permite la continuación del a investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, es de suma importancia por lo menos por tres razones”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, Presidente de la Oficina de la Washington para América Latina (WOLA). En una declaración en video, detalló varias razones por las que la decisión es tan importante.
“La sociedad civil en Venezuela ha desempeñado un papel crucial en el apoyo al acceso a la justicia para las víctimas de crímenes del Estatuto de Roma. Defensores/as de los derechos humanos (defensores de DDHH) y la sociedad civil enfrentan serias amenazas y represalias dirigidas contra ellos, sus familias y sus colegas por su labor en favor de la justicia y por cooperar con la Corte,” afirmó Virginie Amato, Directora de Incidencia de la Coalición por la CPI. “Los Estados Parte de la CPI, la Asamblea de los Estados Parte (AEP) en su conjunto y la Corte deben permanecer vigilantes y seguir protegiendo y defendiendo el espacio cívico y a los/as defensores/as de DDHH, tanto en Venezuela como a nivel mundial,” agregó.
“La decisión de la CPI de continuar la investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, y de rechazar la apelación del Estado, es una victoria para las víctimas de la represión y para las organizaciones que buscan justicia y luchan por la verdad y las reparaciones en el país. Es una luz de esperanza para aquellos que han estado documentando durante años las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno y acompañando a las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, persecución, amenazas y otros crímenes graves”, expresó Civil Rights Defenders.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) acogió con satisfacción la decisión y alentó “a la comunidad internacional a seguir apoyando la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales, y hace un llamado a las autoridades de Venezuela para que cooperen de buena fe con los mecanismos internacionales.”
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) publicaron una declaración conjunta tras el fallo de la Sala de Apelaciones, que “en un contexto marcado por el desmantelamiento del estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro.”
“La decisión de la CPI hoy es un rayo de esperanza para las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Gobierno de Maduro,” dijo Michelle Reyes Milk, Consejera Principal del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch.
ANTECEDENTES SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA I
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000. Por lo tanto, la CPI puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.
El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía anunció la apertura de un examen preliminar de la situación en Venezuela I, buscando “analizar los crímenes supuestamente cometidos en este Estado Parte desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.
El 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitió la situación la Fiscalía, solicitando el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Una remisión de un Estado Parte no conduce automáticamente a la apertura de una investigación, pero puede acelerar el proceso, ya que no se requiere autorización judicial de la decisión de la OTP según el Estatuto de Roma.
El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que había una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017. El 5 de noviembre de 2021, el Fiscal Karim Khan anunció la apertura de una investigación sobre la situación en Venezuela I, tras la conclusión de un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el Gobierno de Venezuela (también disponible en español).
El 21 de abril de 2022, el Fiscal notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud recibida de la República Bolivariana de Venezuela para aplazar la investigación de la CPI a favor de los procedimientos que se llevan a cabo internamente, de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto de Roma. El 1 de noviembre de 2022, el Fiscal solicitó autorización a la SPI I para reanudar su investigación sobre la situación en Venezuela I.
El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía a reanudar su investigación en la situación en la República Bolivariana de Venezuela I. En su decisión, la SPI I concluyó que si bien las autoridades venezolanas están tomando algunas medidas para investigar a nivel nacional, los procedimientos penales nacionales no coinciden con el alcance de la investigación prevista por el Fiscal. La SPI I también señaló que las investigaciones nacionales no abordan adecuadamente las formas de criminalidad previstas por la investigación del Fiscal.
El 3 de julio de 2023, la República Bolivariana de Venezuela informó a la SPI de su intención de presentar una apelación, y el 14 de agosto de 2023, presentó su escrito de apelación. Durante el proceso de apelación, la Sala de Apelaciones recibió alegatos escritos del Fiscal y de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV) y representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos. Los días 7 y 8 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia con la participación de la Fiscalía, representantes del gobierno venezolano y la OPCV.
Fuente Oficial: Coalición por la Corte Penal Internacional
