(Caracas, 10.10.2023. Espacio Público). Entre enero y agosto registramos al menos 132 casos[1], lo que se traduce en 261 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Esta cifra refleja un incremento del 3% con relación al número de casos registrados en el mismo periodo de 2022. Sin embargo, con relación al número de violaciones observamos un variación del 14% con respecto al periodo anterior, lo cual demuestra un aumento de los niveles de violencia registrados en cada caso. El registro de casos mensual mantuvo un comportamiento lineal con un promedio de 16 casos por mes, exceptuando mayo (27), el cual registró el número más alto de casos y julio (7), cuando se documentó el número más bajo de incidencias.
Las limitaciones para buscar, recibir y difundir información se mantienen como parte del contexto restrictivo presente en Venezuela. En el marco del proceso de elección primaria[2] y en vísperas de la elección presidencial de 2024, la censura a medios de comunicación y las limitaciones a la labor de la prensa se agudizan como parte de un patrón sistemático de violación de derechos humanos en el país.
Impedimentos de cobertura
La intimidación a periodistas y reporteros durante el ejercicio de sus funciones se ubica como la principal violación registrada, al sumar 71 registros (27%). Esta categoría tiene que ver principalmente con el impedimento de acceso a determinados edificios o instituciones, desplazamiento restringido por funcionarios o civiles o restricciones a la cobertura durante protestas públicas o hechos noticiosos.
- Funcionarios policiales y militares del Estado impidieron el paso de periodistas y personal de prensa a una protesta laboral de personal de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que se realizó el 12 de enero en Puerto Ordaz, estado Bolívar[3]. Los periodistas Pableysa Ostos, corresponsal en Bolívar del medio La Patilla, y Carlos Suniaga, de El Pitazo, VPITV y Unión Radio documentaron en sus redes sociales cuando los funcionarios no los dejaron pasar para registrar lo que ocurría. Además de Ostos y Suniaga, también resultaron afectados por esta situación José Medina, de VPITV, y su camarógrafo.
- El 24 de febrero, un funcionario de la Policía del estado Trujillo intimidó a las periodistas Mayra Linares, de VPITV, y Yuliana Palmar, de Diario Los Andes al impedir que grabaran y dieran cobertura a un hecho que ocurrió en el municipio Motatán de la entidad. Linares contó a Espacio Público que estaban cubriendo el ataque con granada a la vivienda de un productor en la parroquia Jalisco. Al principio, las reporteras se alejaron un poco del área del suceso, a solicitud de los funcionarios, pero al rato uno de ellos, de apellido Briceño, se les acercó y les dijo que tenían que retirarse. “No nos permitía terminar de grabar. Yo estaba terminando de grabar y el policía llegó a impedírmelo, mandó a poner un perímetro”, dijo Linares. El funcionario de PoliTrujillo les dijo que no podían estar en la zona por razones de seguridad, aunque la periodista cuenta que dentro de las viviendas cercanas al suceso había personas. “Lo que no querían era que estuviéramos los medios”, aseguró.
- Los periodistas José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría Noticias, Omar Padrón y el reportero gráfico Osmel Rodríguez, ambos de La Prensa de Monagas, fueron hostigados y agredidos el 18 de mayo por integrantes del consejo comunal “La Viña de Chávez” en Maturín, estado Monagas (noreste). El hecho ocurrió cuando los trabajadores de la prensa se disponían a cubrir un conflicto que hay entre las juntas de condominio y el consejo comunal. Piñango relató que, luego de tomar declaraciones de los afectados (las juntas) fueron a hablar con el consejo comunal y allí fueron atacados. “Nos dirigimos a buscar declaraciones de personas del consejo comunal, afectos al chavismo, cuando una señora empezó a hablarnos fuerte y un señor empezó a grabarnos las caras. Le dije que dejara de grabarnos, se molestó e intimidó a mi otro colega y a su reportero gráfico”, dijo Piñango[4]. El reportero agregó que el agresor los acusó de no estar capacitados para ejercer el periodismo y tanto él como la otra integrante del consejo comunal los manotearon y gritaron.
Fallas del sistema eléctrico
La censura se ubicó como la segunda violación más frecuente entre enero y agosto, con al menos 66 registros (25%). En tal sentido, las fallas del sistema eléctrico y las afectaciones que esto generó a las telecomunicaciones del país constituyeron una restricción importante para el ejercicio del derecho, ya que limitó, tanto el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación, como la función de los medios de comunicación a no poder informar oportunamente. Registramos al menos 28 interrupciones masivas del servicio eléctrico y fallas de internet en distintas regiones del país.
- El 11 de mayo se registró una caída del servicio de internet en varios estados del país, falla que duró aproximadamente cinco horas. Apure, Cojedes y Guárico fueron los estados más afectados por el incidente. La organización Ve Sin Filtro aseguró que la caída coincidió con el anuncio de CANTV de más de 3900 nuevos suscriptores del servicio de internet en Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa[5].
- El 31 de agosto se reportó una caída nacional de internet que bajó la conectividad a 87%, luego de un bajón de electricidad. Al menos ocho entidades fueron afectadas por la falla. El estado Táchira fue el más afectado, la conectividad en esa entidad cayó a 31 % de sus valores normales. En los estados llaneros de Guárico y Portuguesa (ambos en el centro del país) se redujo a 78 % y 79 %, respectivamente. Otros estados afectados fueron Trujillo (80 %), Carabobo (norte, 82 %), Vargas (norte, 83 %) y Barinas (85 %). En el Distrito Capital la conectividad cayó a 93 %, de acuerdo a información difundida por el observatorio de internet VE sin Filtro[6].
Las víctimas más frecuentes fueron los periodistas y reporteros, al acumular 74 registros (42%), seguidos por la ciudadanía en general con 29 casos (16%), los medios de comunicación y particulares[7] con 25 casos cada uno (14%). Del total de víctimas, el 65% fueron hombres, mientras que el 35% fueron mujeres.
Detenciones arbitrarias
En el periodo monitoreado, al menos 22 personas fueron detenidas por ejercer el derecho a la libertad de expresión. En ocho de estos casos se aplicó la inconstitucional ley contra el odio.
- El viernes 31 de marzo, cerca de las 8:00 de la noche, Zikiu Rivas, activista LGTBIQ+, mujer trans y líder comunitaria, hizo críticas públicas al Alcalde de Píritu, Jesús Méndez, mientras presentaba su memoria y cuenta en la plaza Francisco de Miranda de Píritu, estado Anzoátegui. Posteriormente fue detenida arbitrariamente y fueron vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa, además de recibir tratos degradantes por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Rivas fue presentada en tribunales el 3 de abril, día en que le fue otorgada la libertad plena[8].
- Cuatro oficiales de la Policía del estado Bolívar (PEB) fueron detenidos y acusados de “incitación al odio” luego de que llamaran, a través de publicaciones en redes sociales, a otros funcionarios a paro policial estadal como mecanismo de protesta para exigir dotaciones y mejores salarios[9]. De acuerdo con lo informado por Nueva Prensa Digital, el director general de la PEB a disposición del Ministerio Público para ser investigados a los oficiales Jean Carlos Sagaray (comisionado jefe), Rhommer Ramón Aponte (supervisor jefe), Jorge Luis Pérez Ugas (oficial agregado) y José Alexander Muñoz (oficial agregado).
- Los activistas y dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho, quienes permanecían detenidos de forma arbitraria desde julio de 2022, fueron condenados el 2 de agosto a 16 años de prisión, en un juicio lleno de irregularidades y sin pruebas, criminalizando su legítimo derecho a la asociación, a la huelga, a defender derechos y a la libertad de expresión, entre otros[10].
Con respecto a los principales victimarios, las instituciones del Estado se ubican en el primer lugar, con 58 registros (38%), seguidos por los funcionarios (as) con 37 (24%) y los cuerpos de seguridad, quienes fueron los responsables en al menos 30 casos (20%).
El 52% de los casos se registraron en internet, manteniendo la tendencia del 2022 con respecto a la ocurrencia de violaciones a la libertad de expresión en línea. Con relación al registro de casos por ubicación geográfica, el estado Anzoátegui (7%)se ubicó en el primer lugar. Seguido por Bolívar, Táchira, Apure, Monagas y Trujillo.
Fuente Oficial: Espacio Público
