(Caracas, 27.09.2023. Alerta Venezuela). El lunes 25 de septiembre se realizó la presentación del cuarto informe de la Misión Internacional Independiente de establecimiento de hechos sobre Venezuela (MII) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este informe actualiza la situación de los derechos bajo el mandato de la MII, que comprenden detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y ejecuciones como mecanismos de represión selectiva contra las personas opositoras o percibidas como tales a partir de enero de 2020. Si bien el informe da cuenta de una disminución cuantitativa de violaciones de derechos humanos bajo su mandato, recuerda que este período estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, por lo que la población estuvo desmovilizada y la represión fue menor. Pero advierte que nada se ha hecho para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad identificados en el pasado, pues la actitud del gobierno no ha variado.

En esta ocasión el informe centró su atención en el aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democráticoe identificó la existencia de un fenómeno de represión que combina la “línea dura” con otras tácticas más “blandas” para someter a quienes disienten. El informe viene acompañado de un anexo sobre La Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el que se constata que la DAET es solo una mutación de las FAES, varios de cuyos directivos siguen siendo los mismos, incluso aquellos señalados por la presunta comisión de crímenes internacionales.

Un elemento que llama particularmente la atención en este cuarto informe es el capítulo VII, referido a instituciones involucradas. En él se detalla la actuación de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, además de las fuerzas de seguridad, lo que refleja la existencia de todo un andamiaje institucional que va mucho más del aparato de justicia y de seguridad, orientado a reducir y controlar el espacio cívico en lo que respecta a derechos como la participación política, la protesta pacífica y la libertad de expresión, entre otros.

Cabe subrayar las referencias a la Defensoría del Pueblo, institución que, a juicio de la MII, ha sido usada de forma “partidista y selectiva” al omitir de forma “rutinaria y deliberada” tomar acción ante violaciones manifiestas de derechos humanos, ya sea de oficio o en respuesta a las denuncias recibidas.

Como siempre, los estados democráticos valoraron el trabajo de la MII y solicitaron a Venezuela acatar sus recomendaciones y las de los demás órganos del sistema de derechos humanos de la ONU, mientras que los aliados de Maduro cuestionaron el carácter selectivo e injerencista de mecanismos como la MII y llamaron al levantamiento de las sanciones contra el país, haciéndose eco de la supuesta cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), llegando a sugerir que basta con un mecanismo y que la MII le resta recursos a la presencia de la OACNUDH en Venezuela.

Destacan dos posturas preocupantes. En primer lugar, la de España, al afirmar que “va concluyendo un ciclo de la Misión”, lo que podría entenderse como un llamado al fin del mecanismo, y llamó a reforzar la OACNUDH en terreno, como si se tratara de opciones excluyentes. En segundo lugar, el silencio de Colombia, país vecino, democrático y receptor de la mayor cantidad de personas provenientes de Venezuela. Preocupa que ese silencio tenga que ver con el papel que el presidente Petro espera que Venezuela juegue en su propuesta de paz total, como si las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no exigieran la atención propia de un conflicto que escala.

Por su parte, Venezuela no escatimó adjetivos descalificadores en contra de la MII durante la sesión, e inmediatamente después publicó un comunicado donde tilda a los expertos de la MII de “mercenarios tarifados”.

Es necesario que la comunidad internacional siga respaldando el trabajo de la MII, cuyos hallazgos, conclusiones y recomendaciones han demostrado ser un insumo de gran valor en la lucha contra la impunidad en Venezuela y en el reconocimiento de la verdad de las víctimas.