(Caracas, 26.05.2023. CDJ). El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2023 en Venezuela.
Continúan las restricciones al espacio cívico y democrático. En este contexto se siguen produciendo vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.
Tras los avances legislativos en torno a normativas para controlar y regular a las organizaciones de la sociedad civil, los actos de intimidación y hostigamiento en contra de quienes defienden derechos humanos han aumentado. Asimismo, las amenazas han sido constantes desde inicios de año.
Los hechos registrados en el mes evidencian que los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela son cada vez mayores.
Se suman 20 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año.
Las situaciones documentadas durante el mes de abril permiten demostrar que la Política de Criminalización en Venezuela es sistemática.
Los 20 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas como parte de la respuesta represiva del Estado.
Los avances de instrumentos normativos para obstaculizar la defensa y exigencia de derechos han aumentado los niveles de riesgo para quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
En la medida en la que las organizaciones de la sociedad civil, y en particular las de derechos humanos, se articulan para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder y exigir la rendición de cuentas, el entorno para el ejercicio de su labor es cada vez se hace más hostil, adverso y restrictivo, en tanto el Estado continúa cercenando el Espacio Cívico y Democrático.
Durante el período se siguieron evidenciando los principales patrones de ataque registrados por el CDJ. La estigmatización se mantiene como la principal modalidad de ataque, seguida de los actos de intimidación y hostigamiento, los cuales van aumentando; y por último las amenazas que no han cesado desde el inicio de año.
Preocupa al CDJ que en el mes de febrero inició el proceso de consultas públicas sobre la ley en contra de las ONG, a pesar de no haber sido aún publicado de forma oficial un texto sobre el instrumento. En este marco las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de la propuesta normativa continuaron por parte de funcionarios del Estado.
Preocupa al CDJ el afianzamiento de la criminalización, la represión y el control social como política de Estado. Reiteramos que es necesario garantizar la protección las personas defensoras de derechos y construir un entorno propicio para que éstas puedan realizar su labor de manera segura y sin temor represaliad.
Reiteramos la necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Fuente Oficial: CDJ
