(Caracas, 09.05.2023. Provea). Provea presentó este 09 de mayo, la 34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2022. En este informe se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.

La Venezuela post-pandemia: más pobre y desigual

La desigualdad y la exclusión son dos condiciones que han agravado la situación de pobreza en Venezuela. En su reporte de país, publicado en enero de 2023, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas reportó que, pese a que algunas mejoras económicas habían ayudado a frenar la hiperinflación, la situación de seguridad alimentaria en Venezuela seguía siendo “inquietante”. Más de cinco millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, mientras el país importaba más del 70% de los alimentos procesados que consumía, lo que lo hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Como consecuencia, el reporte indica que para agosto de 2022 los precios de los alimentos aumentaron en un 30%. Para la fecha en que se emitió el reporte, Venezuela ocupaba el tercer lugar en el mundo en el rubro de inflación en el precio de los alimentos.

En los últimos ocho años, el país ha sufrido una caída acumulada de 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial y que ha ocasionado un severo daño a la capacidad productiva.

Además, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2022), “Venezuela es el país más desigual de América, con un indicador de 56.7”, de coeficiente GINI, un indicador que mide la desigualdad, basado en la distribución de la riqueza de los países.

El colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios; han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.

En diez años al frente de la conducción del país, Nicolás Maduro extinguió el estado de derecho, pulverizando las conquistas sociales y eclipsando los derechos civiles y políticos, bajo la sombra del autoritarismo.

Principales hallazgos

En materia de derechos económicos sociales y culturales, el Informe Anual destaca que la gestión de Nicolás Maduro continuó, durante 2022, su política deliberada de precarización del ingreso de los trabajadores, pensionados y jubilados, al permanecer de espaldas a su obligación de garantizar salarios y pensiones ajustadas al costo de la canasta alimentaria, tal como ordena el artículo 91 de la Constitución Nacional.

Además de ello, con la imposición del Instructivo de la ONAPRE; acabó con las interescalas del tabulador salarial garantizadas en las convenciones colectivas del sector público, lo que atizó la conflictividad en el país, protagonizada fundamentalmente a lo largo del año por trabajadores, jubilados y pensionados.

En respuesta a la ola de protestas, la administración Maduro recurrió a la persecución y a actos de hostigamiento contra dirigentes sindicales. Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado. Durante los diez años de gestión de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido arrestados y procesados por ejercer derechos y 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento.

Un aspecto que demuestra el severo retroceso en materia de derechos sociales, es la definitiva implosión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Entre enero y diciembre de 2022, Provea registró, con base en su monitoreo independiente, que el gobierno entregó un total de 3.122 viviendas nuevas, una cifra que contrasta ampliamente con las 500.000 casas que, según el gobierno, habrían sido entregadas en el marco de la GMVV.

De acuerdo a nuestros registros, en diez de gestión Maduro construyó y entregó apenas 130.856 viviendas a través de la otrora política social bandera del proyecto bolivariano, mientras que sus funcionarios insisten en decir que han levantado y otorgado 3.096.257 casas.

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