(Caracas, 03.05.2023. Espacio Público). Este informe de Espacio Público es un excelente reflejo de la primera de ellas: la arremetida contra personas opositoras y críticos, que incluye no solo a políticos, sino a aquellos que se atreven a alzar la voz para dar visibilidad a lo que realmente ocurre en el país. Se trata hoy en día de una represión más selectiva, diferente a los abusos generalizados que se vieron en las calles durante las represiones del 2014 o 2017.

Como verán en este informe, en el último tiempo se han dado detenciones arbitrarias de periodistas y comunicadores, un cierre masivo de radios, fallas en el servicio de internet que limitan el acceso a la información, impedimentos en la cobertura de noticias, intimidación por parte de los servicios de seguridad, y limitaciones en el acceso a la información, entre otras medidas represivas.

Todo esto ocurre en un contexto de casi absoluta impunidad de gravísimas violaciones de derechos humanos que, según Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, podrían constituir crímenes contra la humanidad. Tales abusos se dieron con complicidad del poder judicial venezolano, según los expertos de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. La cooptación política del Tribunal Supremo de Justicia, iniciada en el 2004, y su subsecuente alineación con quienes ejercieron el poder, abrió la puerta a la impunidad, que hoy es rampante.

En este contexto, el papel de la prensa independiente, de la mano de la sociedad civil, en el país resulta de enorme importancia. Nos permite conocer, de primera mano, qué es lo que está realmente ocurriendo en el terreno – que la dolarización no beneficia a todos/as y profundiza la desigualdad; que en Caracas hay una burbuja muy distinta a las condiciones en el interior; que los hospitales muchas veces no tienen agua o electricidad, dificultando enormemente la atención médica; que hay zonas del país, sobre todo en las fronteras, que se encuentran controladas por grupos ilegales; que la minería ilegal en el sur tiene un devastador impacto ambiental.

Las restricciones para buscar, recibir y difundir información continúan siendo un patrón en el accionar gubernamental. La opacidad informativa en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un obstáculo más en un contexto donde no están garantizados los derechos fundamentales.

En el 2022 se registraron 227 casos[1], lo cual representa una disminución del 7 % con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones. Esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores al Gobierno, ya que en años anteriores existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

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