(Mérida, 30.03.2023. PROMEDEHUM). El proyecto político que ostenta el poder del Estado en Venezuela, conocido como chavismo o socialismo del siglo XXI, ha tenido entre sus objetivos el control sobre la información que emana del país, la difusión de ésta y el discurso que la misma conlleva. Para esto, ha trabajado en dos líneas de acción: una, controlar la mayor cantidad de medios de comunicación con señal abierta -amedrentando con cierre a los pocos medios que aún cuentan con control privado y bloqueando medios digitales en internet-i y dos, hostigando y persiguiendo a cualquier persona u organización cuyo trabajo desmienta el discurso positivo sobre la acción del gobierno.

El Estado venezolano, frente a situaciones que afectan su imagen, opta por bloquear la información. Ante altas cifras de muertes por violencia, el Estado actúa dejando de informar a los medios las cantidades, y cuando estos publican obteniendo las mismas por fuentes privadas, acusan de falsear información y terminan prohibiendo su difusiónii, ante fallas en el suministro de medicinas para tratamiento oncológico, el Estado opta por dejar de publicar las cifras de muertes por cáncer desde 2014iii. Las protestas de calle de 2014 y 2017, documentadas y acompañadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), colocan a estas en un papel protagónico, al convertirse en fuentes de información y denuncia sobre violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad y autoridades.

Para 2023, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Türk, señalaba que “…los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización.”viii, planteando la necesidad de “…un espacio libre y vibrante…”ix para que las personas expresen sus opiniones. Espacio que actualmente no existe en Venezuela, donde el Estado insiste en erigir su discurso como la única versión de la realidad social y política del país.

Participación de las organizaciones
Las personas deben tener la capacidad y autonomía de participar aportando y monitoreando las políticas públicas. Durante el año 2022 de acuerdo a lo expresado por las organizaciones de la sociedad civil venezolana, retrocedieron un 73,6% en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, conocido como “espacio cívico”.

En la libertad de asociación están consideradas diversas formas como lo son organizaciones de la sociedad civil, clubes, cooperativas, ONG, asociaciones religiosas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones e incluso asociaciones virtuales. No existe el requerimiento de que una asociación esté inscrita para que se aplique el derecho a la libertad de asociación. Todas las personas tienen derecho a la libertad de asociación según el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos humanos, Los Estados no sólo tienen la obligación de proteger las reuniones pacíficas, sino que también deben tomar medidas para facilitarlas.

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