(Caracas, 29.10.2022. Cotejo). El fundador de la organización Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum) cuenta cómo llegó a ser un defensor de derechos humanos en Mérida, Venezuela
Eun acto de rebeldía, por negarse a emigrar, creó Promedehum y en el ejercicio de la defensa de los derechos de muchas personas sufrió ataques, persecuciones, hasta que le advirtieron que lo detendrían y decidió, lo que nunca quiso, exiliarse para conservar su libertad y la vida
Desde Argentina continúa trabajando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y cada vez que puede alza su voz, denuncia, muestra pruebas, cifras, cuenta las historias de las víctimas. Sigue en pie de lucha.
A Rigoberto nunca se le olvidará que fue después del mediodía, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde. Estaba en la casa de la abuela de su esposa. Vio que tenía unas notificaciones en Twitter. Revisó y eran las fotos de sus sobrinos, de 6 y 4 años de edad, con un mensaje que decía algo así: “Traidor, te vas a podrir en la cárcel”.
En otro mensaje, que también iba acompañado de las fotos de los chicos, colocaron: “Estos bobos no van a volver a ver a su papá”, claro que no eran hijos de Rigoberto, sino sus sobrinos.
Aunque había una suerte de torpeza en los mensajes, pues evidentemente estaban equivocados en cuanto al lazo que unía a Rigoberto con estos niños, él sintió ganas de llorar y miedo.
En otro tuit le enviaron: “Rigoberto Lobo te hago un llamado respetuoso a no andarte metiendo en líos porque no sabes a qué tipo de gente estás molestando”.
De esa época logró conservar estos dos mensajes:
Desde su inexperiencia y al ver que los mensajes los enviaban desde una cuenta anónima le dio poca importancia. Recibió poco apoyo de colegas cercanos. Le dijeron que esos mensajes eran una estupidez. Aunque no fue nada agradable para él escuchar esto, lo dejó pasar.
Eso estuvo por un tiempo bajo la alfombra. Hasta que habló con autoridades en temas de derechos humanos como Ligia Bolívar, defensora y fundadora de PROVEA, integrante del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Bolívar le advirtió que no estaba solo, que debía contar y hacer públicas las amenazas que le hacían para así recibir apoyo y evidenciar el acoso del cual estaba siendo víctima. También habló con representantes de una organización internacional de derechos humanos que le advirtieron que ese tipo de amenazas no se podían callar, que debían salir a la luz pública y así lo hizo.
Este hostigamiento que sufrió empezó a principios de 2015. Como un método sistemático para atemorizarlo, para callarlo. Pero, contra ese espíritu rebelde no pudieron.
Aunque finalmente se exilió para conservar su libertad y su vida, Rigoberto Lobo Puentes sigue trabajando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, para él esto se convirtió en su misión. En su vida.
Como en cualquier hogar tradicional andino a Rigoberto le tocaba estudiar leyes, pues ser abogado era lo que habría querido su padre, pero él se negó a obedecer. Prefirió las artes, el diseño gráfico y en eso se especializó.
Pero pareciera que el destino que había planificado su padre para él lo hubiese perseguido y alcanzado. Aunque no fue a la facultad de Derecho, le tocó aprender a detalle las leyes universales de derechos humanos para convertirse en un defensor de miembros de la resistencia y de gente que sufría y sufre el abuso de autoridad en el estado Mérida y en el país.
Amenazas, presión y discordia
Rigoberto Lob es director general de la organización de derechos humanos Promedehum. La fundó para no tener que emigrar. Desde ahí hizo un registro de abusos policiales, ataques de policías a civiles, explicó cómo procedían los cuerpos de seguridad durante los ataques a los urbanismos en Mérida. Conoce a detalle y a fondo su proceder porque él mismo ha sido víctima.
Cuando se le pregunta cómo está, él responde muy sincero, y puede sonar con un dejo de resignación: “A pesar de todo, bien, con mi esposa e hija. Estamos bien porque estamos libres y, eso, no tiene precio”.
Sacarlo de Venezuela y tratar de quitarlo del camino llevó unos seis años. Fue una cadena de eventos que, en 2021, indicaba que ya estaba cerca su aprehensión.
Sufrió amenazas, señalamientos por redes sociales, expusieron fotos de su familia, de sus sobrinos, amigos y esposa, todas acompañadas de amenazas hacia él, pero siguió con su labor, a pesar de estas advertencias. Le dispararon perdigones, pero no lo amilanaron.
No conforme con la presión que le imponían por tanta persecución, durante ese tiempo tuvo problemas con algunos de sus familiares, le reclamaban y le exigían que dejara ese trabajo, pues tenían miedo por los más vulnerables de la familia: los niños y las mujeres.
Sabían al monstruo al que se enfrentaba Rigoberto, que en este 2022 ha sido reseñado en un informe de derechos humanos de la ONU. Él también lo sabía, así que después de tanto resistir, un informante le mostró, de manera clandestina, una citación bajo conducción en su contra. En ese momento no tuvo dudas y supo que estaba cerca su encarcelamiento.
Aunque en el documento, al que tuvo acceso el equipo de Cotejo.info, no especifican los delitos por los que sería investigado, el mismo informante le dijo a Rigoberto que lo iban a acusar de financiación al terrorismo y lavado de dinero. Dos crímenes que están estipulados en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y por los que se paga entre 15 y 25 años de cárcel.
Las protestas lo llamaron
Comenzó a trabajar en la Universidad de Los Andes (ULA) en 2014 como parte de un equipo para realizar un informe de violación a los derechos humanos cuando se activaron las protestas contra el Gobierno por la escasez de productos básicos, la inseguridad y la inflación.
Eran tiempos difíciles en los que las barricadas estaban en cada calle del estado Mérida. Había gran convulsión social y fue entonces que empezó. Era una labor de alto riesgo, se trataba de armas de fuego contra piedras, balas contra palos. Policías y militares contra el pueblo.
Sin embargo, al principio de las protestas él tenía a su padre enfermo y estaba desconectado del tema político. Quería que su familia estuviera tranquila. Luego se comenzó a mover de manera autónoma brindando ayuda a personas heridas en las manifestaciones.
Llegó a tener una cantidad considerable de medicamentos, contaba con el apoyo de médicos que prestaban los primeros auxilios.
Cada vez que rescataba a un herido en las manifestaciones lo llevaba para la casa de algún médico que trabajaba hombro a hombro con él, salvando la vida de los manifestantes.
Hay que recordar que Mérida fue considerado el estado centro de las protestas estudiantiles durante ese 2014, así lo reseñó BBCNEWS y para esa fecha, 27 de marzo de 2014, publicaron que: “en las protestas antigubernamentales que azotan a Venezuela hace 45 días y ya se cobran 36 muertos, cientos de heridos y poco menos de 2.000 detenidos en todo el país”.
En esa época Rigoberto era una suerte de asistente de primeros auxilios y ambulancia, porque en su carro llevaba a los heridos. Incluso recogía insumos médicos y los llevaba a las zonas de protestas.
A consecuencia de esto lo buscaron de la ULA, que recién creaba un observatorio de derechos humanos, para que trabajara en el informe, luego le dijeron que si quería quedarse como voluntario, luego colaborador y después, en 2015, le propusieron quedarse fijo.
Su principal fortaleza era su conexión directa con las personas en la calle. Conseguía las historias, conocía a las víctimas para entrevistarlas y tenía acceso al material audiovisual para evidenciar que todo lo que estaban reportando era real y ese era el soporte.
De hecho, en esa época hizo un mapa de la ciudad de Mérida especificando las zonas álgidas de las protestas. Dentro de ese informe también escribió un capítulo para describir el ataque a las zonas residenciales, el ataque a la comunidad por parte de la policía, más allá de la protesta.
Este hombre de 46 años estudió bachillerato en el liceo Libertador de Mérida, una institución tradicional de los años 50, muy activa en temas políticos. Mientras estudiaba en la universidad lideró protestas por falta de clases en su facultad y otras fallas.
Para él, ver a los jóvenes manifestando en 2014 fue verse reflejado. Claro que estos estaban siendo víctimas de una represión brutal, que si bien sí ocurrió en décadas anteriores, no era con la misma intensidad, ni con la misma saña, ni de manera masiva, recuerda Rigoberto.
Entonces, despertó en él esa sensación de injusticia cada vez que veía a un herido. Pensaba: estas cosas siempre han pasado, pero había un herido, no se contaba esta cantidad de heridos.
Considera que este fue el punto de quiebre y se dijo: ya lo que sucedía no estaba bien en cuanto a violencia física en contra de los manifestantes, pero bueno, esto es terrible.
Decidió meter el pecho. Trabajó por más de un año sin recibir ningún tipo de honorario por hacer el registro de la violación de los derechos humanos. El cafetín que tenía se fue a la quiebra.
En estos años hubo días en los que no tenía dinero para comer ni mantener a su familia y se ha cuestionado por seguir trabajando con estos temas. Ha querido trabajar en otras cosas, pero siempre lo llaman para dar un taller o alguna actividad que debe cumplir y sigue ahí.
Cuando sufrió los ataques por Twitter entendió este tipo de represión por el impacto que produce en la víctima, pero en 2016 recibió agresiones físicas.
2016 un año violento
Lo golpearon con una piedra mientras registraba una protesta. “Tenía esa fascinación de ser reportero de guerra, cubría las protestas, las grababa, tomaba fotos, documentando todo”, comenta. En ese año los grupos armados progobierno quemaron un auditorio de la Facultad de Medicina y lo llamaron de la ULA urgente para que asistiera al consejo universitario.
Cuadras antes de llegar se encontró a unos obreros de la universidad manifestando de manera pacífica. Pero se armó una situación violenta y él se quedó viendo desde lejos.
La tradición, en el caso de Mérida, “era que a dos cuadras de una protesta se estaba demasiado lejos como para que te pasara algo”, comenta Lobo.
Pero los policías empezaron a avanzar y a disparar perdigones hacia el interior de una panadería, se asustó y se dijo “me voy”, andaba con un chaleco que lo identificaba como miembro del equipo de derechos humanos de la ULA, caminó media cuadra, y cuando se estaba montando en el carro le disparan perdigones desde unos 10 metros.
Se paralizó por unos segundos y acto seguido abrió la puerta del carro para resguardarse y se subió. Cuando iba a arrancar miró hacia la ventana del lado del copiloto y vio a una persona mostrándole la mano llena de sangre. Tenía una perforación, él la pudo ver, y sin dudar abrió la puerta y le dijo que se montara.
En ese momento no sabía quién era el herido, solo lo auxilió y luego se enteró que era un gremialista. Mientras escapaban lanzaron piedras hacia el parabrisas del vehículo de Lobo, él no sabe cómo no se rompió el vidrio, pero así fue.
Pisó el acelerador y los manifestantes se apartaron para que saliera con el herido que llevaba. Por suerte, los perdigones que dispararon contra él no lo penetraron; aunque estaba identificado, eso no le importó a las autoridades, igual lo atacaron.
Seguido para amedrentarlo
Seguían los conflictos políticos. Él continuaba trabajando y persistían las amenazas. Durante ese 2016 también lo seguían de manera descarada. Querían que se diera cuenta que lo tenían vigilado para así intimidarlo.
Recuerda claramente que andaba con un compañero de trabajo, a bordo de una moto. De repente, se percataron que los seguía un carro plateado y Rigoberto empezó a meterse en urbanizaciones, esquivaba barricadas, entraba y salía de estacionamientos y el carro iba tras ellos.
“Querían eso, que supiéramos que estábamos vigilados, como una forma de intimidación”, reflexiona en retrospectiva.
En ese tiempo también lo interceptaron en la entrada de su residencia y en una estación de servicio que estaba cerca de su casa, en Mérida.
Un día salía de su casa, conduciendo su carro, y unos hombres, vestidos de civil y a bordo de una moto se pararon junto a la ventanilla del piloto y le dijeron: Si no dejas la mariquera te vamos a joder.
2017 y 2018
Durante ese año empezaron las acusaciones por parte del director de la Policía del estado Mérida. El funcionario exigía a través de medios masivos que Rigoberto debía ser investigado por ser una persona que desprestigiaba a la institución.
Tampoco se detuvo ante los ataques mediáticos y siguió acompañando las protestas estudiantiles. Llegó el 2018 y seguía haciendo lo que más le apasionaba, documentar cada protesta.
Se fue a lugares donde colectivos armados (progobierno) habían golpeado a manifestantes. Claro, él llegó después de que se habían ido los atacantes para recoger testimonios, grabar y sacar fotos de las heridas que habían infligido en las víctimas.
Pero pasó que una vez, estando ahí, volvieron a llegar los colectivos, pero esta vez con armas de fuego a disparar contra la gente desarmada. Atacarlos sin contemplación.
Entre 2017 y 2018 desde Promedehum planificó un acompañamiento integral para los manifestantes que consistía en documentación de las manifestaciones, ataques, acompañamiento jurídico, psicológico, médico y físico.
Para ese tiempo también colaboró con un informe de Human Rights Watch y con unos informes de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. Que se reconociera en esos informes a las víctimas que él reportó fue un logro muy importante para Rigoberto.
La primera vez que Rigoberto tuvo que salir del país fue precisamente en ese 2018. Esto, obedeciendo a distintas organizaciones internacionales que le recomendaban salir del radar por un tiempo, por su seguridad y la de su familia.
Esos días acordó no trabajar, sino dedicarse a estar con su familia. En esa época su hija ya tenía un año de vida y fue en Buenos Aires que él se dedicó a ser papá. A cargarla, a compartir con ella, a dormir con ella, pues durante el primer año de vida de la bebé, él estuvo entregado a su trabajo como defensor.
Además, Rigoberto es epiléptico y durante una conferencia que estaba dando en el Zulia tuvo un apagón en el cerebro. Quedó en blanco porque tampoco estaba recibiendo medicamentos por la escasez que había en el país en esa época, otra razón por la que también fue conveniente su ida a Buenos Aires, durante poco más de dos meses, ese año.
Sensación de paz
Para el año 2019 la situación política tuvo calma, las calles se enfriaron y en 2020 llegó la pandemia. A partir de ese año los ataques digitales comenzaron con más fuerza, intentos de hackeo, el bloqueo de las páginas y de las redes sociales.
“Los tipos tienen una habilidad para bloquear redes y páginas por una supuesta violación de derechos de autor, nos han bloqueado muchísimas veces”, cuenta entre risas y dice que él mismo hará la música, así sea fea, para evitar estos bloqueos constantes.
En 2020 perdieron la cuenta de Twitter de Promedehum por tantas denuncias de violación de derecho de autor. Estos son patrones que siguen los gobiernos represivos para censurar, tal como se hace en Venezuela, también lo han hecho en otros países como Ecuador.
Ya para 2021 era inminente su encarcelación y decidió volver a Buenos Aires, pero esta vez de manera indefinida. Hace poco se enteró que lo estaban buscando algunos miembros del Sebin porque pensaron que había regresado al país, pero no, está lejos y desde allá ha ido a la ONU y sigue denunciando la violación de derechos humanos que se sufre en el país.
También está metido con los crímenes extrajudiciales, al margen de las protestas, de las historias de los familiares, y sigue en pie de lucha aunque en un espacio más tranquilo y lejos de poder ser aprehendido y encarcelado, como le pasó a su colega Javier Tarazona hace poco más de un año.
Fuente Original: Cotejo
