(Caracas, 08.10.2022. Justicia y Verdad). La renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela por dos años más, es un hecho. El día de hoy, viernes 7 de octubre de 2022, en Ginebra, fue aprobada la Resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que permite a este mecanismo seguir haciendo investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en el país.

Solo cinco votos en contra, 19 a favor y 23 abstenciones decretaron que la Misión sigue en Venezuela.

La renovación permitirá ampliar las investigaciones que han sido presentadas en tres informes, desde  2019,  y que han demostrado entre otras cosas la existencia estructuras represivas que han cometido  tortura y tratos crueles en centros de detención, así como persecución a la disidencia y complicidad del Estado con grupos armados en espacios fronterizos del país tales como el Arco Minero del Orinoco.

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) aprobó la resolución 42/25 que establecía una misión de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014” con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Un primer informe fue presentado en 2020 estableciendo que existían motivos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, como “asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada […] y otros actos inhumanos de carácter similar”.

Luego, en 2021 fue aprobada la extensión de su mandato por dos años presentando un segundo informe en septiembre de 2021. En este segundo documento la Misión documentó la falta de independencia judicial, impunidad por las violaciones de derechos humanos y un sistema de justicia que sirve como mecanismo de represión en vez de garante de derechos, lo que anima a los agentes del Estado a seguir cometiendo posibles crímenes contra la humanidad.

En un tercer informe presentado el pasado mes de septiembre dejó reflejado que dos agencias de inteligencia del Estado, la agencia militar, DGCIM, y la agencia civil, SEBIN, fueron identificadas por su papel en la represión selectiva de personas percibidas como opositoras al Gobierno. Las investigaciones de la Misión también se centraron en la situación de las regiones mineras del sur de Venezuela, en el estado Bolívar. La Misión ya había documentado en profundidad varios ataques de fuerzas estatales contra indígenas que habitan en la región.

Dos años más de investigación 

La importancia de esta renovación del mandato es que le permitirá a la Misión trabajar por dos años más en las investigaciones que, los mismos expertos señalaron haber tenido tiempo limitado para profundizar y explorar más a fondo tales como el funcionamiento de otras estructuras que han permitido violaciones sistemáticas de derechos humanos, la afectación diferenciada a grupos como mujeres y poblaciones indígenas, así como lo ocurrido en el Arco Minero del Orinoco.    

Cabe destacar que la resolución 42/25, por la que se adoptó el primer mandato de la FFM, abría la posibilidad de establecer una comisión de investigación en caso de que la situación empeorara o Venezuela mostrara falta de cooperación. Esta prerrogativa se mantiene.

Complementariedad con CPI y ACNUDH

Por otra parte, renovar el mandato de la Misión por dos años más, permite a la Fiscalía de la  Corte Penal Internacional (CPI) apoyarse en los informes de la Misión para definir las líneas de investigación y poder obtener información de casos específicos en miras de tener acceso a pruebas que no pueden recolectar directamente.

Precisamente, ante la posibilidad de que el trabajo de la Misión pueda colaborar con la investigación de la Corte, en su formulario de recaudación de información, la Misión incluyó una cláusula de consentimiento para que la información sea aportada a la CPI, que actualmente se encuentra pausada esperando la autorización de la Sala de Cuestiones preliminares.

El trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) será también relevante para poder seguir prestando atención técnica a las autoridades venezolanas que permitan generar cambios estructurales a largo plazo. Para esto es necesario que el ACNUDH exija la implementación de todas las recomendaciones que se han realizado desde el 2019 y que, en su gran mayoría, no han sido cumplidas.

Prevención y documentación ante el escenario electoral 

En miras de un año electoral que ya se ha anunciado para 2024, contar con los mandatos tanto de la Misión de la ONU como del ACNUDH para investigar y monitorear la situación de derechos humanos en el país puede tener un efecto de prevención importante ante nuevos posibles patrones de persecución.

Más allá de esto, las recomendaciones hechas por ambos mecanismos al Estado venezolano debería servir de ruta a la Fiscalía y las autoridades nacionales en la implementación de reformas estructurales que permitan realmente fortalecer la posibilidad de que en Venezuela se investiguen esos hechos y se logre dar respuesta a las víctimas y sus familiares.

Fuente Original: Justicia y Verdad