(Caracas, 14.02.2022. Civilis DDHH).  El 25 de enero de 2022 se realizó la sesión de examen de Venezuela correspondiente al 3er ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. El EPU es un mecanismo del CDH que se creó en 2006 junto con esta instancia, para la revisión periódica entre los Estados miembros de la ONU en materia de cumplimiento de compromisos y obligaciones con los derechos humanos, de forma exhaustiva y por ciclos de 5 años.

Venezuela rindió su examen de 1er ciclo en 2011 y de 2do ciclo en 2016. En estos dos ciclos el Estado venezolano recibió algunas recomendaciones de medidas para levantar restricciones a los derechos de la sociedad civil, pero no de manera tan numerosa ni tan claramente vinculadas a la amenaza de afectar el espacio cívico en su conjunto, como ocurrió en este 3er ciclo de examen. Específicamente en este tema, durante el 1er ciclo el Estado recibió 10 recomendaciones – de 145 emitidas por 48 Estados; en el 2do ciclo fueron 18 – de 278 comunicadas por 96 Estados; y, en este 3er ciclo, sumaron 69 – de 328 realizadas por 115 Estados.

De las 69 recomendaciones, un total de 10 se refirieron a la exigencia de garantizar un entorno democrático, propicio y seguro para el desempeño de las labores de la sociedad civil en el espacio cívico. Estas fueron:

  1. Respetar plenamente la democracia, en particular garantizando la separación de poderes, las garantías procesales, el respeto de los derechos humanos y un entorno seguro y propicio para los grupos de la sociedad civil.
  2. Establecer un entorno libre y propicio para la labor de las organizaciones de la sociedad civil y velar por que los defensores de los derechos humanos y los activistas cívicos no sean perseguidos, acosados o estigmatizados públicamente.
  3. Garantizar la libertad de expresión y apoyar un entorno de comunicación plural y seguro.
  4. Adoptar medidas para fomentar un entorno seguro, respetuoso y propicio para la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, especialmente las mujeres defensoras de los derechos humanos, libres de persecución, intimidación y acoso.
  5. Garantizar un entorno libre que permita el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y adoptar una política de protección de los defensores de los derechos humanos.
  6. Crear un entorno seguro y no discriminatorio para la prensa, la sociedad civil y las organizaciones humanitarias y garantizar la seguridad de las personas que trabajan en esos ámbitos.
  7. Garantizar la libertad de expresión y de opinión en línea y fuera de línea y el acceso a la justicia de las víctimas de esas violaciones, y velar por que los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores humanitarios puedan actuar en un entorno seguro.
  8. Seguir liberando a los presos políticos y crear un entorno propicio para la oposición política, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
  9. Mejorar la situación de los derechos civiles y políticos, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y anular las restricciones al espacio cívico y democrático.
  10. Crear un entorno democrático propicio para las actividades de la oposición política, los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Para cumplir estándares del entorno que puedan favorecer y garantizar la seguridad de la sociedad civil, en 10 de las 69 recomendaciones realizadas al Estado venezolano se indicaron medidas que anulen o revoquen normas restrictivas y, en su lugar, adoptar las leyes necesarias para proteger las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, así como las libertades en general:

  1. Revisar la legislación restrictiva que criminaliza la labor de los defensores de los derechos humanos.
  2. Revocar las normas legales o administrativas que amenacen el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, como la Decisión Administrativa 002-2011, y abstenerse de dictar otras nuevas.
  3. Garantizar que las ONG, los periodistas, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos puedan realizar su trabajo sin riesgo de persecución y eliminar el requisito legal de que las ONG se registren en la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado.
  4. Modificar la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia para que no pueda utilizarse contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
  5. Encauzar los conflictos sociales, políticos e institucionales a través de la participación y el diálogo democráticos, y poner fin a las barreras jurídicas, financieras y administrativas que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y reducen su espacio.
  6. Poner fin a la represión sistemática de los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores del medio ambiente, y garantizar su protección, revisando la legislación represiva.
  7. Llevar a cabo una revisión de las leyes y reglamentos sobre la financiación, el registro y la financiación del terrorismo que se imponen a las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos.
  8. Adoptar medidas jurídicas y administrativas para atender las recomendaciones formuladas para garantizar la libertad de expresión, opinión y asociación y de prensa, el derecho a manifestarse pacíficamente, los derechos a la alimentación y a la educación, así como el acceso público a los servicios de salud y a los medicamentos.
  9. Armonizar el marco jurídico nacional con las normas internacionales de derechos humanos para subsanar las imprecisiones que puedan restringir las libertades fundamentales y la labor de los defensores de los derechos humanos.
  10. Seguir esforzándose por mejorar la normativa legal para promover y proteger las libertades fundamentales.

Específicamente, 10 de las 69 recomendaciones se enfocaron en la exigencia de cambios de conducta en los actores del gobierno venezolano que violan el ejercicio de los derechos de las personas y grupos organizados en la sociedad civil, y ponen en riesgo sus vidas, integridad, seguridad y libertad personal, además hubo otras recomendaciones que enfatizaron en la necesidad de abrir canales de comunicación con la sociedad civil, así como de promover y apoyar sus labores. Con este enfoque se realizaron las siguientes recomendaciones:

  1. Dejar de hostigar y criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.
  2. Respetar plenamente la libertad de expresión y detener e impedir todos los actos de represión contra los miembros de la oposición democrática y la sociedad civil.
  3. Poner fin a la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos, los trabajadores humanitarios, los periodistas y los activistas de la sociedad civil.
  4. Que cesen los actos de persecución e intimidación contra las voces disidentes y la oposición política, y que se garantice el ejercicio efectivo de los derechos a la libertad de opinión y expresión, y de reunión y asociación pacíficas.
  5. Poner fin inmediatamente a toda injerencia indebida en las libertades de expresión, religión, asociación y reunión pacífica. Permitir que todos los medios de comunicación independientes, las instituciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones humanitarias actúen sin restricciones ni amenazas indebidas.
  6. Adoptar medidas que impidan las represalias contra las personas y los grupos que cooperan con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
  7. Intensificar los esfuerzos para ampliar el espacio cívico y democrático, prestando especial atención a la protección de los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los agentes políticos contra la intimidación y los ataques.
  8. Adoptar las acciones y medidas apropiadas para garantizar un entorno de trabajo seguro para la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los educadores y los trabajadores de la salud y de la ayuda humanitaria, libres del temor a las amenazas, las represalias, la persecución y el encarcelamiento arbitrario y las limitaciones injustificadas de la libertad de asociación.
  9. Proseguir sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos de su población, reforzando aún más la coordinación entre las instituciones pertinentes y ampliando los canales de comunicación con la sociedad civil.
  10. Seguir promoviendo y apoyando la labor de las organizaciones y los movimientos sociales.

En las 69 recomendaciones se mencionó 20 veces la obligación del Estado de acabar con las políticas de criminalización, ataque y persecución contra las personas defensoras y activistas de derechos humanos. En 4 de estas menciones se recomendaron medidas para garantizar su protección y abrir investigaciones que determinen las responsabilidades de quienes las cometieron:

  1. Garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos contra el acoso, la criminalización y la persecución y adoptar una política de protección de los defensores de los derechos humanos.
  2. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir los actos de persecución y represión selectiva, en particular los basados en la afiliación política, y garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos sin discriminación por ningún motivo.
  3. Llevar a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y rápidas de todos los casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales y los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y llevar a los autores ante la justicia.
  4. Llevar a cabo investigaciones completas e imparciales de todas las amenazas y ataques contra periodistas, agentes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, así como de los asesinatos de éstos, y exigir responsabilidades a los autores.

Igualmente, la libertad de expresión, de prensa y opinión tuvo un lugar destacado en las recomendaciones, mencionando al menos 15 veces medidas para poner fin a las agresiones y detenciones arbitrarias contra periodistas y 6 veces que cesen las políticas de censura y cierre de medios de comunicación social independientes. Del total de menciones, 8 se realizaron en recomendaciones exclusivamente dedicadas a tratar estas violaciones:

  1. Garantizar la libertad de expresión y adoptar medidas urgentes para garantizar el pleno respeto de los derechos a la libertad de expresión y de prensa.
  2. Garantizar la libertad de los medios de comunicación adaptando la legislación nacional a la Constitución de Venezuela y a las normas internacionales y restablecer todos los medios de comunicación que hayan sido cerrados injustificadamente.
  3. Adoptar medidas concretas para garantizar las libertades de opinión y de expresión, así como la libertad de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los informes presentados por los órganos de tratados de derechos humanos y las instituciones.
  4. Abstenerse de las agresiones y las detenciones arbitrarias de personas, especialmente periodistas, que ejercen su derecho a la libertad de expresión, y poner fin a la impunidad en caso de violación de este derecho.
  5. Proteger y promover la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los periodistas y responder a las presuntas violaciones.
  6. Promover y proteger el derecho a la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, así como la seguridad de los periodistas.
  7. Adoptar medidas efectivas para garantizar la libertad de expresión, el libre acceso a la información y la libertad de prensa, entre otras cosas garantizando investigaciones independientes en todas las denuncias de delitos contra periodistas.
  8. Poner fin a todo tipo de acoso, criminalización y persecución contra periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro y propicio para su trabajo.

En particular, 6 de las 69 recomendaciones abordaron medidas para detener las políticas violatorias de la libertad de expresión y reunión pacífica en el contexto de manifestaciones pacíficas o contra manifestantes pacíficos, incluyendo abrir investigaciones de muertes relacionadas con el uso excesivo de la fuerza:

  1. Respetar la libertad de reunión, opinión y expresión de las personas que participan en manifestaciones pacíficas.
  2. Salvaguardar la libertad de reunión pacífica y abstenerse del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
  3. Garantizar el respeto de la libertad de reunión, opinión y expresión de las personas que participan en manifestaciones pacíficas, de conformidad con la Constitución.
  4. Garantizar el respeto de la libertad de reunión, de opinión y de expresión de los manifestantes pacíficos.
  5. Garantizar el cese de los actos de criminalización, persecución y encarcelamiento de opositores, disidentes, defensores de los derechos humanos y manifestantes, así como garantizar su seguridad y libertad efectivas, y ofrecer reparación a las víctimas.
  6. Agilizar las investigaciones y los procedimientos penales sobre los restantes casos de muertes en el contexto de las protestas.

Ante la emergencia humanitaria compleja, en las recomendaciones se mencionó 6 veces a las organizaciones humanitarias, así como a educadores y personal de salud que ejercen una labor indispensable para asistir a las poblaciones más vulnerables. En las recomendaciones donde se hicieron estas menciones, 3 abordaron medidas para que el Estado permita el acceso, colabore y facilite la ampliación del trabajo de estas organizaciones, sin hostigamientos, amenazas ni restricciones:

  1. Colaborar con las organizaciones humanitarias para diseñar y aplicar un plan nacional de principios que aborde la emergencia humanitaria en curso, dando prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad.
  2. Trabajar urgentemente con los organismos internacionales y los trabajadores humanitarios locales para diseñar y aplicar eficazmente un plan nacional para hacer frente a la emergencia humanitaria actual.
  3. Permitir la ampliación del funcionamiento de organizaciones humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos y un entorno seguro para su trabajo.

Además, 9 de las 69 recomendaciones apuntaron a medidas para garantizar el derecho a la participación pública y política de los ciudadanos y poner fin a la represión y persecución contra dirigentes y partidos políticos de oposición, y también en contra de dirigentes sindicales:

  1. Intensificar los esfuerzos para mejorar las garantías y disposiciones previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con el ejercicio de las libertades fundamentales y el derecho a participar en la vida pública y política.
  2. Promover la democracia mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos políticos y públicos, incluso con una posible cooperación bilateral con países amigos.
  3. Ampliar las oportunidades de participación en el espacio económico y político.
  4. Garantizar el respeto de los derechos democráticos, como la libertad de reunión y de expresión, y la plena participación de todos los partidos en los procesos electorales.
  5. Poner en marcha un proceso que permita la celebración de elecciones libres, justas y creíbles, con un consejo electoral nacional independiente y un Tribunal Supremo imparcial, garantizando la participación de la oposición.
  6. Respetar la independencia de los partidos políticos, levantar las inhabilitaciones arbitrarias de los dirigentes disidentes y dejar de anular la voluntad de los venezolanos mediante decisiones judiciales.
  7. Erradicar todas las formas de represión y persecución por motivos políticos.
  8. Velar por que no se utilicen las instituciones del Estado para perseguir a los opositores políticos, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, los dirigentes sindicales y otros supuestos opositores al Gobierno.
  9. Asegurar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y garantizar la libertad y la seguridad de todos los opositores políticos.

De forma interdependiente con los derechos de la sociedad civil que afectan a estudiantes, docentes e investigadores de las comunidades universitarias, en sus libertades de pensamiento, expresión, reunión pacífica y asociación, destacó la recomendación de terminar con la intervención de las universidades y otros centros de enseñanza superior, y transformar sin demora el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen la plena independencia y la libertad académica.

Asimismo, en estrecha relación con los derechos de la sociedad civil, de las 69 recomendaciones un total de 9 estuvieron referidas a medidas para garantizar los derechos de los ciudadanos, organizaciones y movimientos a participar en elecciones libres, justas, pacíficas e independientes, al diálogo con los actores políticos y a la reconciliación nacional, para recuperar la democracia:

  1. Garantizar todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes, con miras a restablecer la democracia en el país.
  2. Celebrar inmediatamente elecciones libres y justas y restablecer la democracia.
  3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral libre y justo.
  4. Presentar su nuevo y moderno sistema electoral a la comunidad internacional como una experiencia positiva de participación política.
  5. Proseguir los esfuerzos encaminados a facilitar un diálogo sincero y abierto con todas las partes interesadas y promover la reconciliación nacional, incluso a nivel local.
  6. Seguir buscando soluciones pacíficas e inclusivas mediante negociaciones en beneficio del pueblo venezolano.
  7. Continuar con el proceso de diálogo iniciado en México bajo la facilitación de Noruega para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos.
  8. Seguir procurando la reconciliación nacional como medio para avanzar en la realización de los derechos humanos.
  9. Mantener y consolidar la paz, aumentar las oportunidades para superar las diferencias y promover el diálogo y la reconciliación nacional para proteger los derechos humanos.

Descargar PDF Nota Temática N° 13 Recomendaciones 3er ciclo EPU sociedad civil (4)