Venezuela no ha aplicado más del 80% de las recomendaciones de la ONU en materia de derechos cívicos

Los grupos de derechos humanos CIVICUS, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y Espacio Público hacen un llamamiento a los Estados miembros de la ONU para que insten al gobierno de Venezuela a proteger las libertades cívicas cuando su historial de derechos humanos sea examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 25 de enero de 2022 como parte de la 40ª sesión del Examen Periódico Universal (EPU).

La última vez que se revisó el historial de derechos del país fue en noviembre de 2016, cuando los Estados miembros de la ONU hicieron un total de 274 recomendaciones, 40 de ellas relacionadas con las libertades cívicas. Posteriormente, Venezuela aceptó 23 recomendaciones y se comprometió a tomar medidas concretas. Entre estas medidas destacan «garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información y proteger a los periodistas contra amenazas y ataques» y asegurar «un uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y garantizar que se investigan los casos de tortura y que los autores son llevados ante la justicia.»

Para este ciclo de EPU, nuestras organizaciones evaluaron en una presentación conjunta al Consejo de Derechos Humanos la implementación de estas recomendaciones y el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos en los últimos cinco años. En este informe se constató que, desde 2016, Venezuela no ha abordado de forma decidida las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete y no implementó 33.

Estamos profundamente preocupados por el cierre del espacio en el que operan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en temas humanitarios y de derechos humanos. Se ha intensificado la persecución judicial y las restricciones financieras contra la sociedad civil, contra defensores de los derechos y contra periodistas, unido a un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión. También estamos alarmados por la persistente supresión sistemática de las protestas pacíficas.

La Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017 se sirve de una redacción vaga sobre los delitos de «odio» para dar al gobierno un amplio poder para censurar la disidencia y restringir los medios de comunicación independientes. Se ha utilizado para criminalizar las protestas pacíficas y perseguir a quienes defienden los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas. Desde que se promulgó la ley, al menos 42 personas han sido procesadas en virtud de sus disposiciones, entre ellas defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes, trabajadores sanitarios y personas que expresaron su descontento en las redes sociales.

La actuación de las organizaciones de la sociedad civil está restringida por un marco normativo represivo y un entorno hostil. Sigue en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional de 2010, que prohíbe a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos políticos recibir financiación extranjera. En 2020 y 2021, las autoridades establecieron requisitos adicionales de registro y presentación de informes que suponen trabas burocráticas para las organizaciones y restringen su funcionamiento.

A pesar de los compromisos con la libertad de expresión garantizados en la Constitución, el gobierno también ha seguido utilizando leyes restrictivas, como las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para criminalizar las críticas a las autoridades. Se han generalizado las tácticas para reducir la prensa independiente, como el ahogo financiero, la cancelación de licencias de emisión, la confiscación de equipos y la censura.

“Los Estados deben aprovechar la oportunidad de revisar los derechos humanos en Venezuela para exigir al gobierno que rinda cuentas por las violaciones. Las autoridades no sólo no han cumplido con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, sino que han seguido utilizando el sistema judicial para silenciar a la disidencia», ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS.

Entre 2016 y 2020, Venezuela ha experimentado oleadas de manifestaciones masivas y frecuentes protestas sociales de carácter local para exigir una serie de derechos. Todas ellas han sido respondidas con una brutal represión, con un uso excesivo y sistemático de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra los manifestantes. Solo en 2017, al menos 120 personas murieron y 5.000 fueron detenidas en las protestas masivas desencadenadas por una crisis constitucional después de que el gobierno y el máximo tribunal del país desautorizaran a la Asamblea Nacional. En este periodo, la respuesta a las protestas se caracterizó por un patrón de violaciones que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“Es momento de que Venezuela tome acciones para revertir este ambiente de violaciones. Las autoridades deben dejar de crear un marco jurídico que suprime la defensa de derechos humanos,” comentó Ángela Rodríguez, Asistente de Investigación en REDLAD.

Como destacamos en nuestra presentación conjunta, desde CIVICUS, REDLAD y Espacio Público instamos a los Estados a formular recomendaciones a Venezuela que, de aplicarse, garantizarían las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y el deber de protección del Estado. Entre las principales recomendaciones a realizar se encuentran:

• Poner fin a las acciones de suspensión y cierre de organizaciones de la sociedad civil y eliminar todas las restricciones injustificadas que impiden que puedan recibir financiación internacional y nacional.
• Proporcionar un entorno seguro a los miembros de la sociedad civil, a las personas defensoras de los derechos humanos así como a los periodistas para que puedan llevar a cabo su trabajo y garantizar que puedan desarrollar sus actividades legítimas sin miedo ni obstáculos indebidos, obstrucciones o acoso legal y administrativo.
• Revisar y modificar las leyes para eliminar las restricciones injustificadas a la sociedad civil y a la prensa, incluida la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional y los artículos del Código Penal sobre la difamación penal.
• Derogar la Ley contra el Odio y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas en virtud de dicha ley por ejercer sus derechos fundamentales.
• Restablecer todos los medios de comunicación que han sido cerrados injustificadamente y poner fin a las prácticas de confiscación de equipos y materiales y de censura de los medios de comunicación.
• Investigar de forma inmediata e imparcial todos los casos de ejecuciones extrajudiciales y de uso excesivo de la fuerza cometidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas. Facilitar el recurso a la revisión judicial y la reparación efectiva a las víctimas.

El examen de Venezuela tendrá lugar durante la 40ª sesión del EPU. El EPU es un proceso que se realiza desde 2008 y que examina el historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. El examen es un diálogo interactivo entre la delegación del Estado y los miembros del Consejo y aborda una amplia gama de temas de derechos humanos. También se revisará el historial de derechos de otros 11 países, entre ellos Haití, Siria y Zimbabue. Tras el examen, se preparan un informe y unas recomendaciones que se debaten y adoptan en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos (Junio 2022).

El espacio cívico en Venezuela está calificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.

Fuente Oficial: CIVICUS