(Caracas, 24.08.2021. CDJ). El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 140 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2021 en Venezuela.
El Estado venezolano recrudece la Política de Criminalización en contra de las organizaciones
y personas defensoras de derechos humanos. La Lógica del Enemigo Interno se profundiza y los
riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y
exigiendo derechos aumentan.
La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidos como una forma de limitar el actuar
de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control
social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país.
Las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento no son delito. La
cooperación, interacción e incidencia internacional son acciones legítimas y el Estado no debe
criminalizar a quienes las ejercen.
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