(Caracas, 11.06.2021. Espacio Público). La crisis migratoria y de refugiados venezolanos puso a prueba la capacidad asociativa y de respeto a ese derecho en los países de acogida. Ante la falta de respuesta de los Estados para atender las demandas sociales de quienes huyen de Venezuela en busca de un mejor futuro, buena parte de esa atención recae en asociaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Es la conclusión a la que llegó Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) en el foro sobre Libertad de asociación de personas migrantes y refugiadas organizado junto a nosotros, como parte del Ciclo de Charlas sobre Libertad de Expresión.

Bolívar destacó que el CDH hizo un sondeo en 14 países de América Latina y el Caribe y se determinó que la mayor parte de las respuestas a las necesidades de migrantes y refugiados en derechos como el acceso a la salud, la protección contra desalojos, alimentación o apoyo para regularización llega gracias a las asociaciones de la región.

Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, señaló en el foro que las personas migrantes “están en situación de marginalidad”, por lo que sus voces generalmente quedan opacadas o invisibilizadas en el debate público de sus países de acogida.

Es por ello que destacó la necesidad de que quienes emigran tengan la capacidad de organizarse y expresar sus puntos de vista, no solo para exigir que se garanticen los derechos socioeconómicos básicos, sino para combatir hechos como la impunidad de los crímenes contra migrantes, que usualmente no generan tanto ruido en los países destino.

En el informe sobre el derecho a la libertad de asociación de los migrantes y sus defensores, presentado por la Relatoría Especial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020, se indica que, gracias a la acción en grupo, las asociaciones “pueden dar una respuesta colectiva a problemas sociales u ofrecer protección a las migrantes en tránsito”.

González resalta que, tal y como especifica el informe, la garantía del derecho a la asociación “es vital para el fortalecimiento de la voz de quien emigra en el debate público del país en el que se encuentra”, aunque advierte que, por más esfuerzos que se hagan, “las organizaciones de DD.HH. no pueden suplir en su totalidad al Estado en cuanto a garantía de los derechos de migrantes”.

A modo de ejemplo, el relator especial citó una iniciativa llevada a cabo en Chile por una asociación de migrantes que, mediante una solicitud de información formal ante las autoridades de ese país, pidió la data de cantidad de delitos que se cometen allí y cuántos realmente corresponden a extranjeros, para así contrarrestar las narrativas xenofóbicas que usualmente atribuyen la criminalidad con los migrantes.

“El migrante es quien mejor sabe cuáles son los temas más relevantes, que más le afectan, y cómo avanzar al respecto, el papel propio de las asociaciones migrantes es muy importante e insustituible”, dijo González.

Aun así, la investigadora y educadora Ligia Bolívar alerta que conforme se expande la crisis migratoria venezolana, se incrementa también el uso político de la población migrante en las campañas electorales, como ha ocurrido en los últimos meses en procesos comiciales en Ecuador, Colombia y Perú.

Un papel muy importante, pero con poca participación

Bolívar, con base en las investigaciones hechas al respecto por el CDH UCAB en 14 países, señala que a pesar del papel tan destacado que cumplen actualmente las asociaciones para garantizar y promover derechos de los migrantes, los espacios de participación para toma de decisiones a nivel institucional siguen siendo muy herméticos.

“No tienen quien los oriente para llevar a cabo registros, son asociaciones que trabajan en primera línea y están en el frente y dando esa asistencia inmediata a quienes cruzan la frontera y requieren ese apoyo, pero no siempre tienen la capacidad para ser escuchadas por los gobiernos”, dice Bolívar.

Según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, en la región se contabilizan al menos 326 organizaciones conformadas por venezolanos, 204 de ellas en Colombia, que alberga a alrededor de 1,7 millones de migrantes y refugiados. Del total, se estima que 73% se encuentran registradas y tienen personalidad jurídica.

La investigadora Ligia Bolívar destaca como algo favorable ese elemento, pues la capacidad para asociarse no es actualmente una amenaza relevante que perciba el colectivo migrante venezolano, sino más bien aquellas relacionadas con la imposibilidad o dificultad para obtener documentos o acceder a educación y salud.

Retos por delante

El Relator González dijo que las asociaciones de migrantes y refugiados aún enfrentan otros desafíos que, a su vez, se han agraviado con la pandemia, como los intentos de algunos gobiernos de discriminar a la población extranjera con la vacunación y el acceso a la salud.

Además, resalta los obstáculos que imponen los países de origen a los retornados, quienes con frecuencia son estigmatizados y sufren doble discriminación. De igual forma, se debe trabajar en cuestiones como el derecho a formar o integrarse a sindicatos, la situación de personas que trabajan en servicios domésticos y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

En la región, González destacó la insistencia de asociaciones de migrantes y nacionales que denuncian y documentan deportaciones, malos tratos a quienes buscan ingresar a cada país y la negativa de asistencia legal o acceso a solicitud de refugio, todos impulsados por algunos gobiernos.

Aunque Ligia Bolívar advierte que, por temor a tener que dejar de prestar colaboración, asistencia humanitaria o apoyo de todo tipo a migrantes y refugiados, se están presentando casos de autocensura en las organizaciones, que no se atreven a hacer denuncias.

Fuente Oficial: Espacio Público