(Caracas, 05.10.2020). Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como “Día Mundial del Hábitat” para promover la discusión sobre el estado de pueblos y ciudades, así como el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. El Día Mundial del Hábitat se celebrará este 2020 en medio de una pandemia global de Covid-19. En nuestro país una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja es que la vivienda de los venezolanos no es segura para mantener las medidas de cuarentena y distanciamiento social, lo que ha aumentado las vulnerabilidades de la población asociadas a la pandemia.

La ausencia de verdaderas políticas públicas en materia de vivienda y hábitat, aunado al profundo deterioro en la prestación de los servicios básicos en el país y la disminución de los ingresos familiares, ha ocasionado que los venezolanos no cuenten con una casa en condiciones dignas que funcione como una “defensa de primera línea contra el Coronavirus”. Así lo estableció Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Al profundo deterioro de los derechos sociales en el contexto de pandemia deben sumarse la política de allanamientos sin órdenes judiciales, vinculados a violaciones sistemáticas de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad, diagnosticados tanto por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como por la Misión Independiente de Determinación de Hechos (MDH) de la ONU.

Recientemente, la MDH estableció en su investigación que “las operaciones policiales y militares contemplaban incentivos económicos por la comisión de violaciones, dado que los agentes de las fuerzas de seguridad solían llevarse dinero, alimentos y objetos de valor durante los allanamientos de los hogares de las personas que mataban o detenían. En el contexto de las operaciones militares y de policía, estos incentivos se denominaban botín de guerra”.  Como ha sido denunciado por las ONG venezolanas, el allanamiento de viviendas sin orden judicial es una constante de los operativos policiales y militares en el país, tanto contra presuntos delincuentes como en las labores de persecución a la disidencia social y política, lo que también debilita el disfrute de la población al derecho a una vivienda adecuada.

La inseguridad jurídica de la vivienda genera angustia en las familias. Algunas reciben viviendas del Estado sin que se les otorgue el titulo de propiedad quedando a la discrecionalidad de los funcionarios la permanencia en los hogares. Se suma a dicha situación la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales ante cualquier conflicto relacionado con la propiedad de la vivienda.

La erosión de la institucionalidad democrática y el mantenimiento de la confrontación política impide la participación de la sociedad civil en el diseño, la implementación y la evaluación de las respuestas a la emergencia sanitaria, por lo que es imposible garantizar que las medidas y acciones estatales bajo el estado de alarma no infrinjan indebidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Las medidas de Cuarentena han sido utilizadas por el Poder Ejecutivo para aumentar los mecanismos de control territorial y sobre la población. Asimismo, se han incrementado los niveles de censura y hegemonía comunicacional, en los cuales el sistema nacional de medios públicos no informa de manera veraz sobre la propia evolución de la pandemia en el país. De esta política de difusión de información ni veraz ni confiable hay que agregar la permanente divulgación de datos sobre los resultados de las políticas en materia de vivienda y hábitat que no corresponden con la realidad.

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado aprovechamos la celebración del Día Mundial del Hábitat 2020 para exigir:

– Que los voceros del Poder Ejecutivo informen de manera confiable y oportuna tanto sobre la evolución del Covid-19 en Venezuela y los resultados en materia de vivienda y hábitat.

–  Que las diferentes autoridades, incluyendo a la Asamblea Nacional, articulen esfuerzos para garantizar el mayor acceso posible de la población a los diferentes servicios básicos, así como los ingresos suficientes, que permitan a las familias mantener las medidas de Cuarentena y distanciamiento social

– El respeto al derecho a la manifestación pacífica por parte de la población que actualmente demanda el acceso a los servicios básicos que forman parte de los componentes del derecho a la vivienda adecuada.

– Una rectificación en el énfasis cuantitativista de la Gran Misión Misión Vivienda Venezuela para la creación de una política pública de vivienda y hábitat seria que retome una visión sustentable de producción del hábitat como un proceso participativo e integral, sin discriminación de ningún tipo.

– Detener de manera inmediata los allanamientos de viviendas sin orden judicial en estricto respeto al artículo 47 de la Constitución

#ViviendaInseguraVzla

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