(Caracas, 12.08.2020. OVCS). El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 649 protestas en julio de 2020, equivalente a un promedio de 22 diarias.
Nuevamente el epicentro de las demandas giró en torno a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Los venezolanos siguen en las calles para protestar, a pesar del riesgo por contraer el COVID-19, las necesidades de servicios básicos, gasolina, alimentación y salarios los obliga a exigir la restitución de sus derechos humanos.
El acceso a los servicios básicos es uno de los mayores problemas que enfrentan las familias venezolanas de todo el país. 37% de las protestas del mes pasado fue para exigir gas doméstico. A diario se registraron al menos ocho protestas, para un total de 242 acciones ciudadanas. Por servicio de agua se documentaron 84 protestas y 37 por electricidad.
El mes pasado se contabilizaron 88 protestas por gasolina, pese al anuncio del régimen de solventar la crisis con combustible importado de Irán. Tanto residentes de las zonas urbanas y rurales deben pernoctar frente a las estaciones de servicio para recargar gasolina, a merced de la delincuencia e incluso a la discrecionalidad y abuso de poder por parte de efectivos de la GNB, quienes controlan la distribución y venta de gasolina.
Los derechos laborales del venezolano continúan severamente golpeados, más en estos momentos de pandemia, ocupando el segundo lugar de las protestas en el país. Los salarios irrisorios, el desempleo, la situación del sector productivo actual comprometen la calidad y estabilidad laboral.
A diferencia de los meses anteriores, donde la región andina concentró el mayor número de protestas, en julio estuvo representada por la región oriental. Con 178 de los casos, el estado Sucre lideró el índice de protestas, seguido de Anzoátegui (85), Bolívar (46), así como Falcón y Monagas con 45 protestas, respectivamente.
Política de represión
Durante el mes de julio fueron reprimidas 17 protestas, en 8 estados del país. Dejando un saldo de 2 manifestantes asesinados. Esta política se profundiza bajo el decreto de Estado de Alarma por COVID-19, implementado en paralelo al Estado de Excepción y Emergencia Económica, decretado desde el año 2016.
La represión y la aplicación de mecanismos de control social no solo han funcionado como medios para asegurar la permanencia del régimen en el poder, sino para cercenar el ejercicio de las libertades cívicas y los derechos sociales.
Desde el OVCS, vemos con preocupación esta indefensión a la que están sometidos los venezolanos, pues sus condiciones se deterioran cada día más bajo la indiferencia de las autoridades. Insistimos en que es necesario la adopción de políticas que atiendan las necesidades ciudadanas, pero sobre todo que encamine al país a una nación prospera y de igualdad de oportunidades.
El Estado ha demostrado su incapacidad para cumplir con sus obligaciones. Aun así, la respuesta del régimen ha sido la criminalización, judicialización y represión a quienes los adversan como manifestantes. También, como disidentes políticos que exigen un cambio en la conducción del país y la transición pacífica hacia la democracia.
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