(Caracas, 15.04.2020. RedesAyuda). Los dos primeros casos del coronavirus COVID-19 en Venezuela, fueron confirmados por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 13 de marzo 2020. El COVID-19 es un virus que ha afectado a más de 1.773.084 personas y causado más de 111.652 muertes a nivel mundial, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, al 14 de abril de 2020. Debido a su rápida propagación, los venezolanos entraron en cuarentena desde el 15 de marzo de 2020.
En emergencias de salud pública, es sumamente importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre cifras, decisiones de Estado, prevención y casos; por lo que la labor de los periodistas y medios de comunicación para ofrecer información oportuna, necesaria y verificada resulta fundamental.
“…podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta constitución, salvo las referidas a (…) el derecho a la información y los demás derechos intangibles”.
Artículo 337 de la CRBV
Sin embargo, desde el inicio de la cuarenta en el país, periodistas, camarógrafos, locutores, fotógrafos y medios de comunicación han sido víctimas de bloqueos, amenazas, hostigamientos y detenciones arbitrarias.
Todo esto, a pesar de que Vladimir Padrino López comunicó en cadena nacional que los periodistas y medios de comunicación estaban habilitados para seguir ejerciendo su labor durante la cuarentena, teniendo un salvoconducto y sus credenciales.
“No podrán ser restringidas (…) las garantías de los derechos a: (…) la información”.
Artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
En este informe, se desarrollan los casos en los cuales el régimen venezolano ha restringido, criminalizado y limitado el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela, incumpliendo con lo establecido en artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
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