(Bogotá, 20.03.2020. Crisis Group). A medida que la crisis política venezolana se profundiza sin un final a la vista, el poder se les escapa a las instituciones estatales formales y cae en manos de diversos grupos armados irregulares. Detrás de este fenómeno hay diversas causas. La lucha incesante entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de oposición ha convertido a los órganos estatales en cuerpos partidistas que, o se apoyan en grupos armados o deciden ignorarlos. La devastación económica provocada por la mala gestión del gobierno, ahora agravada por las sanciones impuestas por EE. UU., ha llevado a numerosos venezolanos a ocuparse con actividades ilícitas, a veces relacionadas con el crimen organizado. Mientras tanto, la vulnerabilidad de las largas fronteras ha permitido que las guerrillas colombianas se establezcan en el interior del país. Los diversos grupos armados están lejos de ser idénticos, pero todos están listos para usar la violencia y el control territorial con el fin de promover sus objetivos, y cualquiera de ellos podría sabotear un posible acuerdo entre las fuerzas políticas venezolanas. Su desarme requerirá enfoques específicos, pero el objetivo principal debe ser desmovilizar a los combatientes y buscar que acepten un acuerdo que ponga fin a la agonía colectiva de Venezuela.
Guerrillas colombianas, milicias leales al gobierno conocidas como colectivos, paramilitares y un catálogo de bandas criminales se destacan como los principales grupos armados no estatales que actualmente operan en Venezuela. Sus métodos, objetivos y afinidades varían enormemente. Algunos profesan motivaciones ideológicas, mientras que otros únicamente se interesan en las ganancias criminales. Algunos presuntamente trabajan en colusión con las élites gobernantes, mientras que otros lo hacen supuestamente con sus oponentes. La oposición dirigida por Juan Guaidó y sus aliados internacionales, que ahora suman cerca de 60 países, acusan a todos, menos a los paramilitares de derecha, de complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado, o incluso con el alto mando militar y las élites políticas dentro del chavismo, el movimiento que recibe su nombre del difunto presidente, Hugo Chávez. Pero la naturaleza precisa de los lazos entre estos grupos armados y el Estado, así como los beneficios mutuos que estos generan, no siempre son fáciles de identificar. Choques entre actores estatales y no estatales que se supone actúan de manera coordinada han expuesto los altos niveles de desconfianza entre ellos.
Las conversaciones formales entre el gobierno y la oposición agonizan, pero en caso de que reinicien, deben abordar con urgencia la manera de reducir la influencia de los grupos armados irregulares y cómo evitar que arruinen los acuerdos que las partes en disputa puedan lograr. Ya que cada grupo armado presenta diferentes problemas, cada uno necesitará su propio remedio. Tratar con las guerrillas colombianas requerirá una cooperación contundente entre Caracas y Bogotá, idealmente como parte de los esfuerzos del gobierno colombiano para poner fin a las insurgencias a través de negociaciones dirigidas a una desmovilización general. Se podría persuadir a algunos colectivos para que reasuman su papel histórico como mediadores entre el Estado y la sociedad. En cuanto a los elementos netamente criminales, varios de ellos también podrían aceptar acuerdos que les permitan evitar un proceso judicial o acogerse a sentencias reducidas al dejar las armas. Experiencias de otros países latinoamericanos revelan que estas tácticas, aunque no siempre resultan fáciles de aceptar, posiblemente ayuden al Estado venezolano a reafirmar su mandato evitando un mayor derramamiento de sangre.
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