(Caracas, 15.09.2019.Civilis DDHH). Todas las personas tienen derecho a la democracia y los Estados tienen la obligación de promoverla y defenderla. La democracia contribuye al pleno disfrute de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para participar en la vida política y pública.

La democracia está protegida internacionalmente como base del estado de derecho y de la organización del Estado. Son sus normas esenciales el ejercicio democrático del poder político, el respeto a las libertades cívicas y el pleno vigor de una institucionalidad democrática.

La democracia y los derechos humanos

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio para la protección y la realización efectiva de todos los derechos humanos.

El derecho a la democracia está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido elaborado aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en los que se basan los sistemas de gobierno democráticos.

La democracia está inscrita en cada derecho humano, puesto que su ejercicio y exigibilidad depende de la participación plena de todas las personas en los aspectos que puedan favorecerlos o afectarlos. En los sistemas no democráticos están dadas las condiciones para que peligre la vigencia de los derechos humanos y se cometan sus más graves y atroces violaciones.

La sociedad tiene el derecho a defender la democracia

La democracia es más que depositar un voto en una urna cada cierto tiempo. La sociedad civil puede llegar a tener influencia política y es lo que llena de vida a la democracia.

El respeto y la protección de la democracia y los derechos humanos incumben tanto a cada persona como al conjunto de la sociedad. Los Estados son los máximos garantes de la democracia, pero cuando ésta se pierde corresponde a los ciudadanos su defensa y restablecimiento en el plano local, nacional e internacional, así como es deber de la comunidad internacional utilizar todos los medios pacíficos posibles para apoyar a las sociedades en su restauración.