(Washignton D.C, 16/05/2019).  En un trabajo de investigación titulado “Sanciones económicas como un castigo colectivo: El caso de Venezuela” (Weisbrot y Sachs, 2019), los autores – de ahora en adelante referidos como WS – estuvieron dispuestos a evaluar los efectos de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela en agosto 2017. Los autores concluyen que “las sanciones redujeron la ingesta calórica del público, incrementaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como infantes), y desplazó a millones de venezolanos quienes huyeron del país como resultado del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”. WS también asegura que “las sanciones han infligido […] daños graves a la vida humana y la salud, incluyendo un estimado mayor a 40.000 muertes desde 2017 – 2018.

En este ensayo, nuevamente revisamos las evidencias de esta afirmación y presentamos varios hallazgos. Encontramos que la metodología usada por WS no es apta para estimar el efecto de las sanciones de 2017 sobre la economía venezolana, y por tanto estas conclusiones son invalidas, por dos razones principales. Primero, la ausencia de una contrafactual apropiada, las tendencias económicas en Venezuela desde que las sanciones fueron impuestas no pueden ser separadas de las poderosas tendencias negativas que las preceden. Segundo, varios factores confusos importantes más allá de las sanciones, que cualquier ejercicio empírico debería tener en cuenta, podría explicar el deterioro estudiado por Wesibrot y Sachs (2019).

Otro, quizás el hallazgo más importante es que, cuando analizamos varios resultados socioeconómicos en Venezuela a través del tiempo, se hace claro que la mayor parte del deterioro de los estándares de vida ocurrieron mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas en 2017. En relación, encontramos tendencias que empeoraron rápidamente en todos los indicadores socioeconómicos que analizamos mucho antes de que las sanciones fueran impuestas en agosto 2017. Entonces, ante la presencia de estas fuertes pre – tendencias, es imposible atribuir el actual desempeño de los indicadores socioeconómicos a las sanciones.

Las tendencias mostradas por estos indicadores socioeconómicos antes de las sanciones son bastante llamativas. Por ejemplo, para 2016 – el año antes de que las sanciones fueran impuestas – las importaciones de alimentos en el país habían caído en 71 % desde el pico de 2013. Importaciones de medicinas y equipo médico cayeron en 68 %  entre 2013 y 2016. En términos de ingesta calórica, encontramos que para agosto 2017 los venezolanos que ganaban salario mínimo podían permitirse un máximo de 6.132 de las calorías más baratas por día – equivalente al 56 % del mínimo de las necesidades dietéticas mínimas de una familia de 5. Esto es 92 % menos de las calorías que el salario mínimo podía adquirir en enero de 2010. La mortalidad materna, una buena representación de la calidad de los servicios de salud públicos, aumentó en 44% entre 2013 y 2016 y ha continuado aumentando desde entonces.

No importa cual indicador socioeconómico se elija para analizar, es claro que la aguda deterioración en los estándares de vida en Venezuela inició mucho antes de agosto 2017. El mayor deterioro observado desde 2017 – ya sea causado por las sanciones o pro factores alternativos – por ningún motivo constituye la causa del colapso que ha ocasionado sufrimiento generalizado, muerte y el desplazamiento de millones de venezolanos.

Traducción no oficial.

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