(Caracas, 12.04.2019. Alternos). Providencial. Así define la trujillana Norayma Ángel su destino como defensora de derechos indígenas. En el reciente enfoque a defensores de Derechos Humanos, el portal Crisis en Venezuela entrevista a la activista por los derechos de pueblos indígenas del Amazonas venezolano Norayma Ángel. Hace 20 años esta licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Zulia) llegó al estado Amazonas de la mano de las misiones salesianas –aunque sin ser religiosa–, las cuales conoció durante sus estudios de secundaria en Valera. Ángel ha recorrido todo el estado, ha conocido de cerca la realidad de los veintiún pueblos indígenas allí radicados, ha compartido vivencias con ellos y descubrió en esas experiencias una pasión que superó sus propias expectativas.

Una de las noticias que más se ha conocido recientemente de las comunidades indígenas venezolanas es su migración hacia Colombia y Brasil. ¿Esto está ocurriendo de manera masiva como en el resto de la población?

Ciertamente en los pueblos indígenas de Amazonas hay una movilidad constante de ir y venir para los poblados colombianos más cercanos a Puerto Ayacucho, entre ellos Casuarito y Puerto Carreño (ambos en el Departamento del Vichada) por dos razones: búsqueda de medicinas contra el paludismo y otras vacunas para los niños, y búsqueda de alimentos. Cruzan la frontera, están allá pocos días intentando conseguir comida, ofreciendo algún servicio o vendiendo artesanías para poder comprar. A Brasil se trasladan las comunidades indígenas de Bolívar, por su cercanía.

¿Cuáles son las etnias que se están trasladando para buscar comida y medicinas en la frontera?

Los uwottüja (piaroa), los jibis (conocidos como guajibos en Colombia) y los yekuana son los que cruzan con más frecuencia.

¿Cuáles son los mayores problemas que actualmente afrontan los pobladores indígenas de Amazonas?

El derecho al territorio es una gran preocupación, pues para los indígenas la tierra también implica el derecho a la educación porque sus actividades educativas se realizan al aire libre, cerca del río, en el conuco, en las comunidades… También implica el derecho a sus rituales porque las prácticas religiosas de los pueblos indígenas tienen que ver con la naturaleza, de allí que no es casualidad que donde hay presencia de pueblos indígenas las áreas son ambientalmente protegidas, pues forma parte de su cosmovisión y de su pensamiento religioso; y tiene que ver también con el derecho a la alimentación porque ellos se proveen de la naturaleza. Pero sobre este derecho al territorio el Estado venezolano tiene una gran mora, porque a pesar de que en la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005 se habla de que el Estado velará por esos territorios eso no ha sido así y ahora menos con la extracción minera ilegal que atrae a personas ajenas a la región, algunas de Colombia, Brasil y de otros estados de Venezuela, que están armadas y realizan actividades ilícitas contra el ambiente.

El problema de la salud es también una cuenta pendiente de los gobiernos con las comunidades indígenas…

Sí, otro grave problema es la salud que ha sufrido un fuerte retroceso, por ejemplo, hace 20 años en los ambulatorios del estado Amazonas era común conseguir tratamientos para el paludismo y otras enfermedades endémicas, hoy día no es así, muchos indígenas tienen que cruzar la frontera para intentar conseguir medicinas, pero no todos lo logran, lo que conlleva a muertes, pues aunque ellos tradicionalmente recurren a algunas plantas para sentir mejoría en su condición de salud también está presente la pérdida de conocimientos ancestrales para este tipo de enfermedades que se suponía estaban superadas o que recibían respuesta inmediata por parte del Estado. Sin embargo, irónicamente los medicamentos para la malaria no están en los ambulatorios, pero sí en las minas ilegales, sin olvidar que son tratamientos que provienen del Ministerio de Salud de manera gratuita, por lo que no se explica cómo llegan hasta las minas. Otra causa de gran preocupación es la mortalidad materna en el municipio Manapiare y en otras localidades; los ambulatorios no cuentan con los equipos para atender partos y eso hace que las familias pierdan la confianza en llevar a sus parturientas a los ambulatorios porque temen que salgan muertas por falta de insumos y equipos. Las madres y los neonatos no cuentan con asistencia médica propicia; es imposible mantener una incubadora porque no hay luz, ni siquiera el hospital de la capital, Puerto Ayacucho, cuenta con equipos que funcionen como debe ser porque no hay energía eléctrica.

Llama la atención que los indígenas se trasladen a la frontera en búsqueda de alimentos…

Es que el tema de alimentación en los pueblos indígenas también pasa por un fuerte retroceso, pues muchos, sobre todo de las comunidades más cercanas a los grandes poblados como Puerto Ayacucho, crearon dependencia de las ayudas del Estado, y como estos subsidios no han sido sostenibles y no hay suficiente comida para todos sencillamente los indígenas no tienen casi que comer. Han empezado a regresar al conuco y a diversificarse en la siembra de otros rubros, eso es positivo, pero el problema es que en ese proceso de transición muchos indígenas pasan hambre de manera muy severa, ancianos y niños mueren de desnutrición. Quedó en evidencia que esas medidas extremadamente subsidiarias y no planificadas a largo plazo, sin una mirada de sostenibilidad, han creado este caos alimenticio porque aunque los indígenas se abastezcan de la naturaleza no es suficiente ante el crecimiento de la población; además deben caminar muchas horas para conseguir algún fruto o cacería, y aunque el pescado es la proteína que alimenta a estas comunidades no siempre hay. Una de las comunidades más afectadas por el hambre en Amazonas es la jiwi (guajibo).

¿Cómo es la situación de los indígenas profesionales o que se desempeñan como empleados en escuelas, hospitales o en la administración pública en medio de las dificultades actuales?

Actualmente se está dando algo muy preocupante, por ejemplo, en las comunidades de Río Negro y Alto Orinoco –que están más al sur– no les están aceptando bolívares en los establecimientos que están llenos de productos colombianos, sino que les piden pesos u otro rubro que puede ser combustible o incluso oro, pues los comerciantes argumentan que el bolívar no les sirve para volver a invertir en la frontera. Ante esta dificultad las comunidades han venido denunciando porque a ellos les pagan en bolívares, muchos son funcionarios de alguna dependencia pública, otros son maestros, enfermeros, etcétera. Para superar este problema están recurriendo al trueque, intercambian un producto por otro debido a que el bolívar no les sirve para nada. Por la lejanía son habitantes de municipios fuera de la protección del Estado.

¿Pedirles a cambio oro cuando no todos trabajan en las minas y combustible cuando las comunidades indígenas sufren la falta de gasolina?

Exactamente, y ahí es cuando se da el misterio del combustible porque en Puerto Ayacucho se hacen colas de 20 y hasta 30 horas para surtir un vehículo de gasolina, que se hace por terminal de número de cédula, mientras que los bachaqueros logran con mucha más facilidad obtener el combustible y hasta llevarlo en grandes embarcaciones por el río Orinoco pasando las alcabalas sin tener la rigurosa documentación que exigen las autoridades para llegar a las minas clandestinas donde lo venden por oro, por lo que se convierte en un producto muy valioso y eso altera mucho la cotidianidad de las comunidades. Incluso para los que necesitan 200 litros de gasolina para alimentar “cigüeñas” (rayadores de yuca que se usan para hacer el casabe) o para las plantas eléctricas es prácticamente imposible adquirirlo porque además deben esperar entre 2 y 3 meses para poder hacer uso de su cupo de gasolina. Eso afecta a muchas comunidades, organizaciones, religiosos, maestros, que se trasladan a diario a la estación a ver cuándo accederán a venderles el combustible.

¿Cuáles son las comunidades más afectadas por esta situación?

Hay comunidades tan afectadas como los yekuanas (municipio Manapiare) que se están trasladando por el río en embarcaciones a remo en recorridos que duran hasta 25 días porque no tienen cómo utilizar el motor fuera de borda. Desde hace 40 años no se daba esa situación, se vienen pescando para tener qué comer en el camino, traen casabe para alimentarse mientras llegan a buscar el combustible o medicinas o para hacer trámites administrativos, ir a bancos a cobrar las quincenas (las dejan acumular por meses y hasta un año) porque todo está centralizado en Puerto Ayacucho, son poblaciones que están muy lejos. En el caso de los uwottüja (piaroas, que residen en otro poblado de Manapiare) se trasladan caminando aproximadamente 5 días en verano, que es cuando los caños están secos. En ambos casos los indígenas se exponen a situaciones de vulnerabilidad tremenda para tener acceso a algún bien o servicio.

En qué está abocado actualmente el trabajo de la Oficina de DDHH del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho?

Nuestra misión es acompañar a los pueblos indígenas en la búsqueda de la solución de sus problemas, creemos que los indígenas son los protagonistas de sus propios cambios, que son capaces de revertir las causas de sus problemas y conseguir soluciones duraderas. Entonces, nuestra labor de es de apoyar, promocionar y educar a las comunidades indígenas para que ellas sean protagonistas de sus procesos de vida y de diálogo con otras culturas. Amazonas tiene 21 pueblos indígenas, es el estado con mayor diversidad cultural de Venezuela (en todo el país hay 36 etnias) y por eso creemos que el diálogo, el intercambio de saberes, reconocerse y respetarse es parte del proceso que deben emprender. Los acompañamos en las denuncias y hacemos seguimiento para que el Estado sepa lo que está pasando y dé respuestas porque además de los derechos humanos de los cuales gozamos todos, los indígenas tienen otra gama de derechos que son específicos para ellos, se gozan de manera colectiva y son parte de la normativa nacional e internacional.

¿Existen dificultades en el trabajo de los defensores de los derechos indígenas en Venezuela?

Sí, las dificultades no son solo para los defensores de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, sino para las propias comunidades que luchan por sus derechos, es un ejercicio muy sensible y peligroso porque toca muchos intereses, como el tema del derecho a los territorios que se topa con quienes han ido ocupando las tierras de manera ilegal, algunos han recibido amenazas. Estamos intentando establecer protocolos de seguridad con ayuda de otras organizaciones, pero siempre con ánimo y esperanza, manteniendo la convicción de que lo que estamos haciendo sirve de algo y está bien.

Pese a estos riesgos y en su caso que no es nativa de Amazonas, ¿qué la motiva a continuar?

El mismo espíritu de los indígenas, ellos me suben la batería, cada historia que cuentan de tiempos duros hacen que esto parezca sencillo de lograr. Ellos dicen: “Hemos sobrevivido más de 500 años de dominación, sobrevivimos al imperio español, a muchas enfermedades, a otras hambres, esto también lo vamos a superar”; entonces, cuando uno escucha las esperanzas de un pueblo, de una cultura, de un idioma, de un modo de vida, de los líderes y liderezas, uno siente que esto vale la pena, pues ellos han resistido desde tiempos inmemorables y eso lo motiva a uno.

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