(Caracas, 13.10.2018. PROMEDEHUM). La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde 1999 establece en sus artículos 52 y 53 el derecho del que goza toda persona de asociarse a otras y reunirse con fines lícitos, en público o en privado, lo que se convierte en una antesala del derecho de participación política que a su vez está vinculada a formas particulares de asociación, siempre contando con la libertad y voluntad de sus miembros de pertenecer al grupo con una finalidad pacífica; tal como lo refiere el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, desde el mes de marzo de 2018 el partido de gobierno venezolano adelantaba la creación e instauración de la RAAS-Red de Articulación y Acción Sociopolítica, definida como un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación, con base en lo previsto en el artículo 326 de la Carta Magna nacional. El día de hoy 13 de octubre de 2018 se ha anunciado su despliegue en todo el territorio venezolano a través de las denominadas Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh, en adelante), asociaciones populares cuyos objetivos no han demostrados ser en absoluto pacíficos ni lícitos.

Y es que de acuerdo a la estrategia de “comunicación política” de la RAAS, las UBCh deben identificar con claridad al enemigo histórico, fortalecer su unidad para enfrentar al enemigo, elevar al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo, organizar y adquirir el conocimiento necesario para vencer al enemigo; mediante la definición de las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada UBCh, calle por calle, casa por casa, para la “caracterización sociopolítica” de los habitantes y el conocimiento pleno del territorio; lo cual a todas luces se constituye en un mecanismo de control social respaldado por el uso desviado e irregular de las libertades de asociación y reunión para instaurar la doctrina de Seguridad Nacional que fija “enemigos” internos a ser atacados.

Tal esquema representa un medio de coerción social en el que se clasificará a las personas por su ideología política para ser etiquetadas como “enemigos”, delatadas y denunciadas por sus propios vecinos en una especie de estrategia que busca acallar voces disidentes, en franca violación de la libertad de expresión regulada por el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En pocas palabras, se trataría de una red de espionaje popular cuya finalidad es silenciar a quienes reclaman sus derechos o son críticos de la gestión gubernamental actual, por medio de amenazas y/o acciones que atentan contra la dignidad humana.

Es por ello que expresamos nuestra más profunda preocupación por la implementación de este “innovador” sistema de delación que pretende poner en jaque a quienes desde sus comunidades expresan su sentir frente a la acción u omisión gubernamental y que viola de manera flagrante los derechos constitucionales de todas las personas, mediante un uso ilegítimo de las libertades consagradas en los tratados internacionales que reconocen la preeminencia de los derechos humanos.

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