(Caracas, 10.09.2018 Civilis DDHH). Marianna Romero es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB) y defensora de los derechos humanos. Desde temprana edad se sintió identificada con la necesidad de exigir el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial de las personas más vulneradas. Trabajó en la asistencia de personas detenidas y víctimas de tortura y malos tratos en manifestaciones pacíficas y actualmente hace seguimiento e incidencia en sistemas internacionales de protección de derechos humanos y se dedica a capacitar, asesorar, asistir y acompañar a defensores en riesgo.

Desde el CDH-UCAB y en su desarrollo profesional con diversas organizaciones nacionales e internacionales, Marianna ha dirigido sus esfuerzos a que se garantice el derecho a defender los derechos humanos y se haga efectiva la protección de toda persona que ejerza esta labor. Para Marianna, las personas que defienden los derechos de los demás son actores esenciales en la búsqueda de justicia y la recuperación de la democracia, lo cual es posible gracias al trabajo constante por garantizar la libertad y la no discriminación.

¿A qué se dedica Marianna Romero?

Soy abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, sin embargo, me definiría principalmente como defensora de los derechos humanos. En los últimos años me he especializado en la protección de defensores y activistas de derechos humanos. Desde temprana edad he participado en diversas actividades de asistencia y labor social, ya que siempre me he sentido identificada con la necesidad de exigir el respeto y garantía de nuestros derechos como ciudadanos, en especial los derechos de los más vulnerados.

A partir del año 2010, ya no solo realizaba actividades de labor social, sino que empecé a trabajar y relacionarme con organizaciones de la sociedad civil y a vincularme con la defensa de los derechos humanos. Comencé a trabajar en la asistencia de personas detenidas en el marco de las manifestaciones pacíficas y con aquellas que habían sido víctimas de tortura y malos tratos. Posteriormente me incorporé al Centro de Derechos Humanos de la UCAB, donde actualmente soy profesora-investigadora y trabajo principalmente en el área relacionada con los sistemas internacionales de protección y la asistencia a víctimas y defensores en riesgo. Asimismo, en mi desarrollo profesional he podido trabajar con diversas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional en actividades de investigación, formación, asistencia jurídica e incidencia internacional.

Una de las principales actividades que realizo es trabajar para que el derecho a defender derechos humanos sea garantizado, y para que todas las personas defensoras de los derechos de los demás puedan realizar su trabajo con la mayor protección posible por el incremento de los ataques y la criminalización de esta labor en Venezuela y la consolidación del autoritarismo, con el cual se ha desencadenado una crisis institucional y graves violaciones de los derechos humanos en donde quienes denuncian son descalificados y señalados como “enemigos”.

En este sentido, he venido desarrollando una línea de trabajo en la protección y acompañamiento a defensores de derechos humanos en Venezuela. Este trabajo consiste en el seguimiento y monitoreo sistemático de la situación de criminalización, la formación y capacitación en materia de seguridad y valoración de riesgos, así como la asesoría y representación legal de defensores y de algunas organizaciones víctimas de la política estatal de criminalización.

Para mí, como abogada y principalmente como defensora, es esencial que todas las personas puedan ser respetadas en su dignidad, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales. Por esta razón, día a día, trabajo en documentar, denunciar y difundir las violaciones que ocurren, exigiendo verdad y justicia para todas las víctimas en instancias internacionales.

¿Cómo surge el CDH-UCAB?

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, surge en octubre de 1999 como una de las primeras iniciativas de derechos humanos en Venezuela con la intención de desarrollar actividades de formación, investigación, extensión y acompañamiento jurídico. El CDH-UCAB trabaja por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como vía para hacer efectivos los derechos humanos.

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en los que está trabajando el CDH-UCAB?

Desde su creación, el CDH-UCAB ha desarrollado como principales líneas de trabajo el derecho a la participación, la libertad de expresión, la protección de personas refugiadas y migrantes, el uso de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y la asistencia y acompañamiento a víctimas. De forma reciente se ha avanzado en el trabajo por la justicia transicional y, con la creación de una oficina en la sede de la UCAB en Guayana, surgió un nuevo foco de trabajo sobre las formas de esclavitud moderna. En estas áreas se encuentra trabajando activamente el CDH-UCAB para velar por la garantía de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos.

En lo particular, debo decir, que a partir de mi trabajo como abogada e investigadora en el CDH-UCAB, he adquirido las herramientas necesarias en documentación, investigación e incidencia para fortalecer el trabajo que hoy en día desempeño, tanto desde el CDH-UCAB como en lo personal, en materia de protección a defensores de derechos humanos.

¿Cuál crees que es el papel de los defensores frente a la situación del país?

Al analizar la situación y el contexto adverso en el que vivimos hoy día, el papel de las personas defensoras en Venezuela resulta de vital importancia y la labor que hacemos es indispensable; por lo que resulta necesario ser conscientes de los riesgos que esto implica. El Estado ha implementado una serie de medidas jurídicas para criminalizar la exigencia de derechos y ha creado políticas contrarias a la defensa de los derechos humanos y al trabajo legítimo de quienes los defienden. Esta situación se desarrolla además en el marco de una severa crisis económica, política y social por decisiones gubernamentales contrarias a la Constitución y al Estado de Derecho. Es en estos momentos, cuando más se hace necesario que existan personas que documenten y denuncien las violaciones, y que sigan alzando su voz en pro de las víctimas y de la defensa de los derechos humanos.

Nuestra labor se ha convertido en una necesidad fundamental, no solo para la implementación universal de los derechos, sino para contribuir en la recuperación plena de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela. Es por ello que, frente a la hostilidad y el ambiente de trabajo desfavorable al cual nos enfrentamos, debemos seguir trabajando a través de la resiliencia. Las personas que defienden los derechos humanos son actores esenciales para la búsqueda de justicia y la recuperación de la democracia, ya que esto únicamente será posible gracias al trabajo constante de quienes buscan reivindicar y velar por la garantía de la libertad, la no discriminación y los derechos humanos.

¿Qué sugieres a los jóvenes sobre el camino de la democracia y los derechos humanos?

Mi mensaje para los jóvenes que están trabajando o que se quieran sumar a la tarea de recuperar la democracia, la libertad y el respeto por los derechos humanos, es que se sigan formando para adquirir las herramientas necesarias y poder hacer esta labor lo mejor posible; que sean pacientes y no decaigan frente al panorama complejo que se presenta, el cual en muchas oportunidades puede parecer desalentador. Todos podemos aportar desde distintos espacios, lo importante es que lo hagamos de forma responsable y consciente; por ello la necesidad de formarse y prepararse, tanto para lo que estamos enfrentando como para lo que vendrá después, al momento de reconstruir.

¿Qué te motiva a continuar con esta labor?

Continuo esta labor por la grave crisis política y social, caracterizada por una vulneración sistemática de derechos humanos, el debilitamiento del sistema democrático y la consolidación del autoritarismo, bajo la lógica de la doctrina de la seguridad nacional, donde cualquiera que denuncie o emita una voz crítica al gobierno es considerado “enemigo”.

Esta situación ha llevado a un colapso institucional y social, en el que a diario vemos personas sufriendo porque no pueden acceder a servicios básicos como alimentos y medicinas, existen detenciones arbitrarias, privaciones ilegitimas de libertad, desapariciones, restricciones a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. También observamos como los ciudadanos son discriminados por pensar distinto y como el respeto a la vida y la dignidad por parte de las autoridades se ha perdido. Ver estas situaciones es lo que me ha motivado a trabajar fervientemente por la promoción y respeto de los derechos humanos, y por la necesidad de buscar y exigir verdad y justicia, así como la reparación de todas las víctimas.

La labor de las personas defensoras es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos y, como consecuencia, para velar por la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Por este motivo me he dedicado a trabajar por su vigencia, progresividad y garantía, documentando, denunciando y difundiendo las vulneraciones que son cometidas y haciendo propuestas y recomendaciones a las autoridades y responsables de implementar las políticas públicas adecuadas, porque hoy es cuando más necesario se hace exigir que la dignidad, la libertad y los derechos sean respetados y garantizados. Para mí, el derecho a defender es el pilar de una sociedad más humana y justa.

¿Qué sigue?

Siguen tiempos difíciles con escenarios bastante complejos, donde cada vez veremos situaciones más duras. Sin embargo, es en estos momentos donde debemos saber encontrar las oportunidades para actuar, para ser la voz de todas las víctimas que están siendo objeto de violaciones graves a sus derechos humanos. Ahora es cuando más trabajo tenemos. Para luchar contra la impunidad es necesario que documentemos, denunciemos y exijamos a los responsables que cumplan con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación.