(Caracas, 30.08.2018. El País / Alex McAnarney). Luchar por una causa es una tarea titánica en el mejor de los casos, y una condena de muerte, en el peor

Levantarse y organizarse contra compañías mineras, discriminación por motivos de género, y la censura impuesta por gobiernos; movilizar la resistencia, por el derecho a amar a quien elijas, defender la herencia territorial que viene de tus ancestros y enfrentar amenazas y daño físico; ser etiquetado como enemigo de Estado solo por el intento de asegurar un debido acceso a agua, saneamiento, un hábitat adecuado, entre otras muchas necesidades básicas para el ser humano; presenciar cómo tu familia, tus colegas caen a lo largo de la región, uno a uno, por defender los derechos que hoy son privilegios para tan pocos, aun cuando se tomen como una obviedad para tantas personas. Defender derechos humanos: una tarea titánica en el mejor de los casos, y una condena de muerte, en el peor.

En 2018, el año en que conmemoramos el 20º aniversario de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, asumir este papel en América Latina significa navegar un mar turbulento, desprovistos de las garantías de protección del Estado, sin respuestas adecuadas, mientras arrastran la preocupación y el dolor de que los derechos de miles de personas sean vulnerados a diario.

Mientras, bajo las olas, una corriente sobre la que leemos a diario, va y viene: desde los Acuerdos de paz en Colombia, en 2018, 331 defensores de derechos humanos nos han sido arrebatados. En Honduras, 123 han muerto desde el golpe de Estado de 2009 y 33 de estos casos se dieron después de que le quitaran la vida a la defensora Berta Cáceres, quien se oponía a la explotación del medio ambiente de parte de industrias extractivas.

Recientemente, en Nicaragua más de 300 personas han sido asesinadas en contexto de protesta social, en oposición al Gobierno actual. Más aún: durante la reciente consulta regional realizada en Lima por el relator de Naciones Unidas para las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, a principios de agosto, los patrones de violencia e impunidad utilizados hacia activistas de Paraguay, Chile, Ecuador y Perú se asemejan mucho a los que enfrentan las personas en aquellos países donde la violencia contra defensores se visibiliza más, como Colombia y Honduras.

A partir de estas estadísticas, es claro que los líderes y las lideresas sociales de América Latina están en posición de jaque frente a una grave crisis. Es innegable que los ataques contra defensores debilitan las bases de las democracias, lo que se vuelve aún más preocupante en aquellas que sostienen a Estados frágiles.

Lo grave de esta situación es que las altas tasas de muertes de defensores de derechos humanos se han vuelto tan normales y parte basal de las discusiones, que no hay espacio para celebrar las importantes victorias que han alcanzado junto con sus comunidades.

En Argentina, por ejemplo, el Senado se acercó más que nunca antes en la historia a legalizar el aborto para los embarazos de hasta 14 semanas. El movimiento #NiUnaMenos, que partió en 2015 para posicionar la violencia contra la mujer en una sociedad conservadora fue, en gran medida, responsable de este éxito.

En Costa Rica, entretanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al presentar los resultados y sus conclusiones frente a la opinión consultiva que aclara las obligaciones de los Estados suscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto del derecho a contraer uniones civiles, matrimonio por parejas del mismo sexo, a la vez que entrega lineamientos sobre las bases para el derecho a la identidad. El apoyo y la presión de los activistas LGTBIQ fue esencial para visibilizar la necesidad de desarrollar un marco regional en este sentido.

Finalmente, en un contexto donde la impunidad es la norma, el juicio contra los imputados como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres está programado para iniciar en septiembre. Esto fue posible solo gracias a la incansable búsqueda de justicia de parte de quienes integran el COPINH, la comunidad Lenca, y las organizaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y el medioambiente.

En el 20º aniversario de la Declaración de las personas defensoras de los derechos humanos, deberíamos sentir a quienes fueron arrebatados de nuestro lado, pero nunca dejar de celebrar los movimientos que inspiraron frente a toda adversidad. El entender el impacto nos permite honrar su legado y nos recuerda el camino que tenemos por delante para alcanzar sociedades más justas. La clave está en respetar y reconocer públicamente sus contribuciones para avanzar en nuestras construcciones democráticas, asegurando la protección de quienes nos defienden, para que puedan realizar su trabajo.

A través del desarrollo de políticas públicas interseccionales, que consideren las causas estructurales de la violencia; que apunten a una debida implementación; que cuenten con suficiente apoyo financiero y político, podemos aspirar a tener las sociedades que aspiramos quienes defendemos derechos humanos.

Aún más: estas políticas deberían implicar la debida investigación de las amenazas contra defensores apenas estas son reportadas. Cerca del 84% de las muertes de defensores de derechos humanos fueron precedidas de actos de violencia como agresiones en canales digitales, agresiones verbales, notas o correos electrónicos con amenazas, ataques o desplazamiento.

Estándares como aquellos documentados en las declaraciones de personas defensoras de derechos humanos destacan la protección y garantía de derechos para todos quienes realizan esta labor o se ven en necesidad de apelar a ella. En este 20º aniversario, esta declaración se debe adoptar y cumplir por los Estados de América Latina, traduciéndose en políticas públicas que fortalezcan nuestras capacidades para responder a las necesidades de quienes, en algún momento realicen actividades de defensa de los derechos fundamentales, ya sea frente a una crisis política o económica puntual, o en su vida cotidiana.

Esto, porque defender derechos humanos debe ser un esfuerzo colectivo de apoyo mutuo para construir un futuro más brillante y pavimentar los caminos de la dignidad humana.

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