(Mérida, 18.01.2018, PROMEDHEUM). El pasado 18 de enero, la ONG Promoción, Educación y Defensa de Derechos Humanos (Promedheum), publicó su Informe Anual 2017 “Mira a Mérida a través de nuestros ojos” sobre la situación de derechos humanos en el estado Mérida, Venezuela.
El informe documenta la situación de vulneración de los derechos humanos en el estado Mérida entre los meses de enero y diciembre del año 2017. Destaca el informe que mediante una rigurosa y pormenorizada secuencia cronológica se documentaron graves hechos de violación en un marco de inoperancia de los mecanismos judiciales y administrativos, poniendo en evidencia una política orientada en forma deliberada a la represión de las protestas sociales y políticas: «La falta de repuesta de los organismos públicos que tienen por finalidad y mandato constitucional la protección de los derechos del ciudadano, permite concluir la total ausencia de garantías, así como la orfandad y absoluta indefensión de las víctimas de estos atropellos perpetrados con la impunidad que otorga el ejercicio del poder autoritario».
Entre los hechos documentados se encuentran:
- Paro de Transporte por incumplimiento del gobierno en el pago del subsidio al pasaje estudiantil donde unos 50 estudiantes fueron víctimas de atropellos, insultos e, incluso, agresiones físicas por parte de transportistas y cuerpos de seguridad.
- Detenciones arbitrarias de los jóvenes estudiantes: Josué Colina, Yuri Machado, y Pablo Sánchez, en el contexto de una protesta por la problemática del pasaje estudiantil y de cinco jóvenes en el marco de un desfile ferial.
- Detenciones masivas y sistemáticas en el contexto de la manifestaciones públicas, entre ellos líderes políticos de la comunidad y menores de edad, víctimas de tortura.
- Ataques a zonas residenciales y colegios, como extensión de la política de represión contra las manifestaciones, causando daños a la infraestructura y vehículos, incluyendo incendios; e incurriendo en agresiones a las personas por disparos de perdigones, bombas lacrimógenas y armas de fuego al interior de las residencias y hogares, incluyendo detenciones arbitrarias, robos, allanamientos ilegales y amenazas colectivas.
- Desapariciones forzadas en 3 casos, asesinatos de al menos 10 manifestantes y 1.200 personas heridas.
- Militarización de comunidades como parte de las políticas de represión a través del «Plan Zamora».
- Acoso y amenazas contra activistas, defensores, abogados, periodistas y reporteros gráficos por la fuerza pública y funcionarios del Estado Mérida, que trabajan temas relacionados con las manifestaciones públicas.
Asimismo, el informe señala la crisis democrática provocada por el mismo aparato estatal, generando como consecuencia impunidad y ausencia de seguridad jurídica ante un sistema “judicial” no independiente y la arbitrariedad de los funcionarios públicos. Durante el período de documentación, se recogieron patrones de señalamientos y acusaciones infundadas con alto contenido violento por parte de las autoridades contra los ciudadanos merideños, violando el respeto y garantía a la libertad de expresión y el derecho a la reunión y asociación pacificas; así como el empleo sistemático de la persecución de líderes y activistas por razones políticas en el marco de los procesos electorales ocurridos durante el período.
En sus conclusiones, Promedheum hizo las siguientes exigencias al Estado venezolano:
- Retomar el hilo constitucional y las prácticas institucionales a fin de cumplir las obligaciones a las que el Estado venezolano se comprometió en cumplir en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
- Crear los mecanismos adecuados para canalizar y dar respuesta efectiva a las demandas que dan razón a las distintas protestas en vez de reprimirlas.
- Garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la participación y de reunión y asociación pacificas de los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación de todas las personas en todos los ámbitos, así como los demás derechos reconocidos y establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Abandonar la propaganda y el discurso de odio, cualquier otra clase de práctica que signifique la discriminación y el sometimiento al escarnio público de cualquier persona merideña en ejercicio de sus derechos y que satanice el ejercicio de derechos humanos y derechos fundamentales; incluyendo sea anulada de manera absoluta la viciada Ley Constitucional Contra el Odio.
- Detener la manipulación del sistema de justicia para perseguir a la disidencia política, criminalizar el ejercicio de los derechos humanos y el cese de la aplicación de la justicia militar contra civiles.
- Efectuar la recomendación que fue expresada por el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las “Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela, el 12 de diciembre de 2014. Recordando el Articulo 332 de la CRBV que dice: “los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil.
- Sean iniciados procedimientos de investigación imparcial y expedita para establecer responsabilidades a todos aquellos funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado y todos aquellos civiles que se encuentren involucrados.
- Garantizar ante todo contexto el principio de presunción de inocencia, debido proceso, el derecho a un juicio justo, la inviolabilidad del domicilio u hogar doméstico, igualdad ante la ley.
- Hacer uso pena privativa de libertad como último recurso para imputar en caso de comisión de delitos. 10- Desaplicar y dejar sin efecto de manera inmediata el Plan Zamora en todas sus fases.
- Evitar que las fuerzas de seguridad del Estado realicen allanamientos masivos e ilegales a las zonas residenciales como los sucedido durante la jornada de protestas y posteriormente.
- Permitir los pedidos de visita al país que han realizado relatores especiales y grupos de trabajo.
- Sea promovido por el Estado la adopción de una política de reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin discriminación alguna.
Informe Anual 2017 de Promedheum: “Mira a Mérida a través de nuestros ojos” sobre la situación de derechos humanos en el estado Mérida, Venezuela. Descargar Enlace
