(Caracas 5/5/2017, CivilisDDHH) Durante el mes de abril y hasta el 1 de mayo en Venezuela se desarrollaron al menos 13 jornadas de manifestación pacífica convocadas por los diputados de la Asamblea Nacional a las que se sumaron miles de ciudadanos en distintas ciudades del país. Las manifestaciones comenzaron luego de que la Asamblea y la Fiscalía General de la República declararon la ruptura del orden constitucional debido a la publicación de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que se despojó al parlamento de sus competencias constitucionales y se confirieron mayores poderes especiales al Presidente de la República, en el marco de un estado de excepción inconstitucional prorrogado en cuatro ocasiones desde el año 2016.
Dichos poderes incluían la posibilidad de que el Presidente revisara y modificará la legislación penal para condenar por traición a la patria, terrorismo y delitos militares a quienes internamente decidieran apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela. Después de las declaraciones de la Fiscal General, estas sentencias fueron modificadas por el TSJ a través de un procedimiento irregular de “aclaratoria” como producto de un supuesto acuerdo entre poderes, sin consecuencias para quienes las dictaron ni cambios en las medidas que dieron lugar al golpe contra el orden constitucional democrático.
Como continuación del golpe de Estado, el 1 de mayo, el Presidente de la República decretó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, utilizando artículos de la Constitución de manera fraudulenta y usurpando los poderes de los ciudadanos para hacer cambios del texto constitucional, a fin de imponer los preceptos del Estado Comunal incluidos en la “reforma” rechazada por referendo en el año 2007 y en la cual la soberanía del pueblo era transferida a corporaciones del Estado, destruyendo así las bases democráticas del estado de derecho para la perpetuación de una dictadura en Venezuela. El decreto fue entregado al Consejo Nacional Electoral el 3 de mayo, cuya presidente lo recibió aprobando la ejecución de la medida y esperando recibir las bases electorales creadas por una Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. A la vez afirmó que la iniciativa «consolidará» la República y «llevará al país a la paz».
El carácter pacífico de las jornadas de manifestación en defensa de la democracia
Desde el 31 de marzo, en ejercicio legítimo de la manifestación pacífica como medio de participación ciudadana para restablecer la Constitución y el derecho a la democracia, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se concentraron en la Plaza Venezuela de Caracas, donde fueron reprimidos y golpeados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Posteriormente, el día 1° de abril, la Asamblea Nacional convocó la primera gran concentración en Caracas y en otras ciudades de Venezuela, con el propósito de llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir un cronograma electoral y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
La manifestación pacífica fue impedida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana con la instalación de un fuerte contingente antimotines y la posterior detonación de bombas lacrimógenas que logró la disolución de la concentración. A partir de entonces comenzó una escalada represiva, aupada por un discurso de guerra en el que las manifestaciones de los ciudadanos se consideran actos “enemigos” y desde esta lógica son concebidas con propósitos violentos y desestabilizadores cuando, por el contrario, la mayoría de las jornadas de manifestación inscritas en el derecho a la libertad de expresar descontento o indignación ante los abusos de poder para imponer una dictadura, han estado caracterizadas por tres aspectos que dan cuenta de su carácter pacífico, como también fue reconocido por la Fiscal General de Venezuela:
- Sin armas. Los manifestantes se han concentrado o han respondido a las distintas convocatorias de reunión y manifestación pacífica sin ningún tipo de arma. No existe registro audiovisual o judicial entre las más de 1.600 detenciones en el marco de las manifestaciones que evidencien el porte de algún tipo de arma.
- Elecciones Ya. Es la principal consigna que se exclama entre los manifestantes durante las diversas jornadas que se realizaron durante todo el mes de abril en el país, a través de consignas, pancartas y carteles. Los manifestantes reivindicaron en todo momento el carácter democrático de las exigencias, así como el ejercicio del derecho a reclamar y exigir el “fin de la dictadura”, la “independencia de los poderes” y “sanción a los magistrados”.
- Caminatas. El principal método usado como mecanismo de manifestación son las marchas o caminatas desde puntos de concentración y destino preestablecido, con la participación de una gran cantidad de personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos.
Una muestra del carácter democrático y pacífico de las manifestaciones quedó evidenciada el día 22 de abril, cuando los venezolanos marcharon desde distintos puntos de la ciudad hasta la Conferencia Episcopal Venezolana, en un acto denominado “Marcha del silencio por los Caídos”. Se trató de la única manifestación que no fue reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado y pudo llegar a su destino, aun cuando distintos contingentes de las fuerzas públicas intentaron bloquear el acceso a las principales avenidas.
Los patrones de violación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas
La manera de proceder del Estado venezolano ha quedado reflejada en un conjunto de prácticas represivas contra las jornadas de manifestación pacífica con graves violaciones a los derechos humanos que han documentado defensores y organizaciones de derechos humanos, abogados, periodistas y activistas sociales y políticos, muchas de las cuales provienen de las observadas en el contexto de las manifestaciones de los años 2013 y 2014, que pueden resumirse en los siguientes patrones:
- Ilegalización de las manifestaciones de disidencia. Desde 2014, en combinación con el TSJ, el gobierno estableció normas inconstitucionales de autorización previa que, al no ser acatadas, permiten juzgar a priori y de forma arbitraria como violentas las manifestaciones de disidencia contra los actos de gobierno, con intención de despojarlas de sus garantías fundamentales y justificar métodos de control no permitidos en las manifestaciones pacíficas, mediante el uso de la represión y las armas.
- Bloqueo de los accesos y las rutas. Los agentes de la fuerza pública bloquean los accesos viales con alcabalas, piquetes de efectivos y muros metálicos en las rutas de las marchas difundidas, para cerrar el paso a las zonas donde se encuentran las instituciones públicas a las que van dirigidos los reclamos, confinando así su ejercicio a determinados espacios donde los manifestantes no pueden ser escuchados. En Caracas, el servicio estatal del Metro ha cerrado la mayoría de las estaciones a lo largo de la ruta de las marchas, obstruyendo la libertad de circulación.
- Discriminación territorial por razones políticas. El gobierno organiza movilizaciones de partidarios y empleados públicos, con amplia logística y facilidades, el mismo día y horario de las marchas que pacíficamente se oponen a las medidas del gobierno, en zonas donde éstas se prohíben. En 2014, el alcalde oficialista del municipio Libertador de Caracas lo declaró zona prohibida para manifestaciones disidentes y muchos de sus habitantes no se atreven a manifestar por temor a las represalias.
- Uso desproporcionado y excesivo de la fuerza pública. Los agentes de seguridad emplean grandes cantidades de gases tóxicos, en muchos casos vencidos, lanzados o disparados de manera indiscriminada a corta distancia y en línea recta contra los manifestantes a fin de hacer daño físico y disolver sin mediar palabra tanto las concentraciones como las caminatas. También se ha registrado el uso de balas de plástico y de munición letal por parte de estos agentes.
- Actuación de grupos de civiles armados. Junto con agentes de la fuerza pública han actuado grupos de personas vestidas de civil y armadas que, desplazándose en motos, atacan a los manifestantes y efectúan disparos para dispersarlos causando pánico. Estos grupos, denominados “colectivos”, también han participado en intentos de allanamiento a conjuntos residenciales con el objeto de amedrentar y tomar represalias contra los vecinos que protestan en la calle y tocan cacerolas en sus casas.
- Detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes. Las detenciones arbitrarias se han intensificado en las marchas y distintas ONG de asistencia legal registran numerosos casos de incomunicación, así como de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes. En muchos casos, se ha denunciado que los jueces imputan delitos sin evidencias ni acusación por parte de la Fiscalía y establecen fianzas arbitrarias para ordenar la liberación. Varios detenidos han sido juzgados por tribunales militares.
- Ataques a residencias y centros de salud. El lanzamiento desmedido de bombas lacrimógenas se ha usado contra edificios y viviendas frente a las cuales los residentes realizan concentraciones o protestan causando algunos incendios. También se han lanzado dentro de centros de salud, provocando la intoxicación de personas atendidas y del personal de salud. Estos ataques se han reportado incluso contra equipos que prestan asistencia médica en la calle a manifestantes heridos. El empleo excesivo de los gases también ha afectado a niños, niñas y adolescentes en centros educativos.
- Campañas de odio. En alocuciones oficiales y programas de los medios de comunicación públicos, altas autoridades de gobierno han hecho permanente propaganda de odio contra quienes convocan y participan en las marchas, en la que se les define como enemigos del Estado llamándolos “terroristas”, “golpistas” y “traidores a la patria”, y se les amenaza con prisión. En los medios públicos y las redes sociales se han circulado carteles de personas fotografiadas en las marchas y de líderes de oposición, solicitando que se les identifique y se informe a las autoridades para su “captura”.
- Militarización del control del orden público. Dentro de la concepción de Estado Cívico-Militar y poniendo en práctica la Resolución N° 08610 del Ministerio de la Defensa dictada en 2015 que permite la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en reuniones públicas y manifestaciones, el Presidente aprobó recursos para aumentar a 500.000 el número de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo de civiles combatientes y entrega de equipo militar, y autorizó la activación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, para la defensa de la seguridad del Estado, en su fase verde, con el cual se legalizó el uso de la justicia militar para tratar actos de desorden público, entre los cuales se encuentra la obstaculización de vías públicas.
- Restricciones a la libertad de prensa, ataques a periodistas y hackeos. Los ataques a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que realizan la cobertura de las marchas se han incrementado, siendo objeto de detenciones arbitrarias, incautación o robo de instrumentos de trabajo y agresiones físicas por parte de los agentes de la fuerza pública y de los “colectivos”. Organizaciones y defensores de derechos humanos han sido blanco de ataques digitales a sus páginas web y cuentas de redes sociales.
De este modo el Estado ha desnaturalizado los contenidos esenciales de las manifestaciones pacíficas para suprimir su legítimo ejercicio y encubrir el golpe de Estado contra el orden constitucional democrático a través de una política represiva que ha dejado como saldo hasta el 4 de mayo 35 personas fallecidas, 717 lesionadas y cerca de 2.000 detenciones, incluyendo a menores de edad, de las cuales más de 500 se encuentran detenidas.
